Tres hojas de un reportaje incompleto que se refiere a las remociones ilegales ocurridas durante la dictadura cívico-militar que formaron parte de las prácticas para encubrir sus crímenes. Se da cuenta en la nota de la condena a cinco ex militares por estas causas, lo que preocupa al Ejército porque desde la institución se esperaba que se acelerarán los procesos y se terminara con la figura del secuestro permanente para poder superar estos temas. Se destaca la preocupación de los militares de que proliferen estas causas y se sume, además, el delito de asociación ilícita, que fue el tema que le plantearon a la ministra de defensa Michelle Bachelet. El articulo entrega una reseña de los hallazgos de osamentas en sitios como Lonquén o el Patio 29, lo que promovió la búsqueda en otros lugares, en la mayoría de los sitios donde se realizó una búsqueda constataron que los cuerpos ya no estaban, habían sido removidos. Se habla de los datos entregados a la Mesa de Dialogo por parte de las Fuerzas Armadas al respecto de las remociones, lo que, según el artículo, no fue la información que ellos realmente poseían, ya que desde el descubrimiento en Lonquén se realizaron catastros de los lugares donde existían entierros ilegales. En cuadro aparate se muestra la respuesta del general en retiro Hernán Núñez a Maximiano Errázuriz diputado RN que solicito una comisión investigadora por las exhumaciones.

Entrevista al ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva quien se refiere a las declaraciones de los ex tenientes que, según él, no hicieron un "mea culpa" sino que hablaron acerca de las exhumaciones, que no es el proceder de los militares, por lo que es más bien una declaración de principios. También se pronuncia al respecto de la responsabilidad de Pinochet y las de los vicecomandantes, a la aplicación de la Ley de Amnistía, la preocupación del Ejército ante los procesos que se están llevando a cabo para hacer justicia por las violaciones a los derechos humanos en dictadura. Indica, además, que nunca tuvo conocimiento de detenidos desaparecidos ni de exhumaciones de restos y que la justicia militar es competente para conocer e investigar esos delitos por lo que discrepa con el juez Carlos Cerda quien indico que los tribunales militares no tienen ni la ética ni la moral para hacerse cargo de esos procesos. En última hoja habla de su experiencia con monseñor Sergio Valech.

Nota de prensa acerca de las declaraciones del juez Alejandro Solís quien a su juicio no hay un contrasentido en dictar procesamientos por secuestro a ex militares y seguir buscando restos de detenidos desaparecidos. Se informa además de la búsqueda de restos al interior del regimiento de Linares, información entregada por un conscripto la cual fue infructuosa. En cuadro aparte se informa que cinco militares en retiro procesados por exhumación ilegal quedaron en libertad provisional.