Reportaje de prensa referente a la remoción de restos de detenidos desaparecidos, se plantea como surgió esta practica desde el descubrimiento de cadáveres en Lonquén, para evitar que volvieran a localizar cuerpos. Esta remoción se realizaba para hacer desaparecer los cuerpos definitivamente, lanzandolos al mar o dinamitandolos entre otras practicas. En un cuadro aparte se relatan los principales casos que se han denunciado de esta practica.

Nota de prensa donde José Zalaquett y Juan Bustos ambos abogados de DD.HH plantean la penalidad por el delito de remociones de restos, las cuales pueden ser bajas si entregan información de esta practica para ubicar restos de detenidos desaparecidos. Las penas subirían si se acredita una asociación ilícita al momento de realizar ese delito.

Entrevista al fiscal Mario Carroza en la que se refiere al caso Cuesta Barriga, en este lugar existieron desentierros de restos, se refiere además a quienes pudieron estar implicados en esta práctica y la falta de testigos en este caso. En nota aparte el Juez Urrutia explica que no hay contradicción entre secuestro y la exhumación ilegal en el procesamiento de los uniformados implicados en ambos casos.

Nota de prensa referente a la preocupación de las Fuerzas Armadas por los procesamientos que se están realizando por causa de las remociones ilegales ya que podrían alargar las investigaciones. En cuadro aparte se muestran casos en que se indagan las remociones.

Nota de opinión referente al cumplimiento del primer año desde que las Fuerzas Armadas entregaron el informe realizado como resultado de la Mesa de Dialogo sobre derechos humanos. Solo se lograron identificar siete restos de detenidos desaparecidos, aunque no gracias a la información castrense por lo que, según la nota, resulta frustrante comprobar los escasos resultados obtenidos del informe, a pesar de eso esta instancia ha dado esperanzas para saber el destino de los desaparecidos y se ha comenzado a abordar el tema de las violaciones a los derechos humanos de forma diferente, visibilizando esta realidad.

Entrevista al ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva quien se refiere a las declaraciones de los ex tenientes que, según él, no hicieron un "mea culpa" sino que hablaron acerca de las exhumaciones, que no es el proceder de los militares, por lo que es más bien una declaración de principios. También se pronuncia al respecto de la responsabilidad de Pinochet y las de los vicecomandantes, a la aplicación de la Ley de Amnistía, la preocupación del Ejército ante los procesos que se están llevando a cabo para hacer justicia por las violaciones a los derechos humanos en dictadura. Indica, además, que nunca tuvo conocimiento de detenidos desaparecidos ni de exhumaciones de restos y que la justicia militar es competente para conocer e investigar esos delitos por lo que discrepa con el juez Carlos Cerda quien indico que los tribunales militares no tienen ni la ética ni la moral para hacerse cargo de esos procesos. En última hoja habla de su experiencia con monseñor Sergio Valech.

Tres hojas de un reportaje incompleto que se refiere a las remociones ilegales ocurridas durante la dictadura cívico-militar que formaron parte de las prácticas para encubrir sus crímenes. Se da cuenta en la nota de la condena a cinco ex militares por estas causas, lo que preocupa al Ejército porque desde la institución se esperaba que se acelerarán los procesos y se terminara con la figura del secuestro permanente para poder superar estos temas. Se destaca la preocupación de los militares de que proliferen estas causas y se sume, además, el delito de asociación ilícita, que fue el tema que le plantearon a la ministra de defensa Michelle Bachelet. El articulo entrega una reseña de los hallazgos de osamentas en sitios como Lonquén o el Patio 29, lo que promovió la búsqueda en otros lugares, en la mayoría de los sitios donde se realizó una búsqueda constataron que los cuerpos ya no estaban, habían sido removidos. Se habla de los datos entregados a la Mesa de Dialogo por parte de las Fuerzas Armadas al respecto de las remociones, lo que, según el artículo, no fue la información que ellos realmente poseían, ya que desde el descubrimiento en Lonquén se realizaron catastros de los lugares donde existían entierros ilegales. En cuadro aparate se muestra la respuesta del general en retiro Hernán Núñez a Maximiano Errázuriz diputado RN que solicito una comisión investigadora por las exhumaciones.

Entrevista a Roberto Garretón, abogado de Derechos Humanos, en esta se da una breve reseña de los cargos que ha tenido a lo largo de su carrera y su experiencia en el tema de derechos humanos. En esta entrevista hace referencia a la conmemoración de los 30 años del Golpe de Estado y a la división existente dentro de la sociedad chilena. Plantea su mirada acerca de la transición y su política de reconciliación, de la detención de Pinochet en Londres y la propuesta de la UDI. En otro apartado de la entrevista se refiere a las remociones ilegales, a la Mesa de Dialogo y al hallazgo de Lonquén. Da su opinión también acerca de cómo se debe llegar a hacer justicia en estos casos, opina de la tortura y de la responsabilidad de los que estuvieron involucrados, de los cómplices civiles que sabían lo que estaba pasando en Chile durante esa época.

Noticia que da a conocer el descontento de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). La causa de su malestar es la divulgación de información falsa sobre el paradero de David Edison Urrutia Galaz, un detenido desaparecido. La AFDD culpa a la derecha y a las Fuerzas Armadas de buscar únicamente la impunidad.

Noticia sobre la defensa realizada a la Mesa de diálogo por parte del Presidente Ricardo Lagos, quien respalda toda la información proporcionada en esta instancia debido a los avances que se han realizado en materia de derechos humanos, especialmente, en la asignación de jueces especiales para estos casos. También hace referencia al almuerzo de los generales en retiro, a la propuesta de derechos humanos y a la fecha en que se dará a conocer.