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Este folleto publicado en el mes de octubre, realizado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, comenta las principales noticias relacionadas en materia de Derechos Humanos en Chile. En este contexto, se comenta sobre el anuncio de retiro del general de Carabineros Rodolfo Stange; la presión de parlamentarios chilenos al gobierno de Brasil para que conceda la expulsión a presos chilenos en dicho país; la propuesta legislativa de paz y reconciliación, entregada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; la aplicación de la amnistía al caso y proceso de investigación sobre el asesinato del dirigente del MIR Dagoberto Pérez, por parte agentes de la DINA; la denuncia por parte del diputado DC Gabriel Ascencio, sobre violencia policial y su uso desmedido de la fuerza; la huelga de hambre del brigadier Pedro Espinoza; el reconocimiento por parte del obispo de Talca, monseñor Carlos González, de tener información sobre lugares en que se encuentran los restos de algunos detenidos desaparecidos; las declaraciones de Patricio Aylwin que sostiene que en Chile no ha habido justicia en caso de Derechos Humanos; la encuesta de CERC sobre la realidad nacional en materia de Derechos Humanos; la definición por parte de la Corte Suprema, de la fecha de ingreso de Contreras a Punta Peuco; la solicitud del presidente Frei a no ascender a militares en el escalafón militar, si estos han estado comprometidos en violaciones a los Derechos Humanos; la propuesta legal para evitar la amnistía por parte de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; el cierre de la investigación del caso por detención y desaparición del militante del MIR Juan Carlos Perelman, y del militante socialista Juan Núñez Vargas; el ingreso de Contreras a Punta Peuco; el rechazo por parte del gobierno de la propuesta de la Derecha chilena en materia de Derechos Humanos; la fundamentación del juez de la Corte Suprema por la aplicación de amnistía a acusados por detenciones y desapariciones; el titular del New York Times en la que se señala que en Chile solo se conseguirá una justicia simbólica; otro sobreseimiento por parte de la Corte Suprema de un acusado responsable de detención y desaparición; la petición de los abogados de FASIC para acusar a los jueces de la Corte Suprema por las ya varias aplicaciones de amnistía a violadores de Derechos Humanos; la sentencia definitiva sobre el caso "Degollados"; finalmente, la revisión por parte de la justicia brasilera a las penas impuestas a los chilenos detenidos en dicho país. Por otro lado, se adjunta como anexo una declaración pública de FASIC, en la cual se comentan las vicisitudes de la justicia y las responsabilidades de los sobreseimientos.

Este folleto publicado en el mes de agosto, realizado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, comenta las principales noticias relacionadas a Derechos Humanos en Chile. En este contexto, se informa sobre el rechazo de la Corte de Apelaciones al recurso de protección presentado por Manuel Contreras, para impedir su traslado a Punta Peuco; la preocupación del gobierno de Chile por la mala imagen internacional que se está creando a razón de los juicios por el caso Letelier; la demanda al Estado de exonerados políticos durante la dictadura militar por violación a los Derechos Humanos; el trabajo del gobierno chileno en políticas de Derechos Humanos en un contexto de transición; la denuncia del abogado de los presos políticos chilenos en Brasil, sobre intervención política en aquellos casos penales; la petición de FASIC al pleno de la Corte Suprema para impedir la reinterpretación por parte de la Derecha de la Ley de Amnistía de 1978; el rechazo de Patricio Aylwin de la propuesta de reinterpretación de la Ley de Amnistía por parte de la Derecha; el rechazo por parte de la Corte Suprema a la petición de la justicia argentina en relación al caso Prats; la condena del tribunal civil de La Serena al fisco chileno a pagar a los hijos de Mario Fernández López, muerto por torturas en 1984; el silencio de la Corte Suprema sobre el proyecto de reinterpretación de la Ley de Amnistía, planteada por senadores de Derecha; la unanimidad de la Segunda Sala de la Corte Suprema en mantener firme la aplicación de la Ley de Amnistía en el proceso de 78 personas detenidas y desaparecidas, durante la época de la DINA; el intento del gobierno chileno, mediante un proyecto de Ley, de encausar los conflictos pendientes de Derechos Humanos, además la de acelerar los procesos de juicios sobre Detenidos Desaparecidos, la modificación de la Ley Orgánica de las FF.AA, como asimismo, cambiar algunas instituciones de la Constitución de 1980; la crítica de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos al gobierno y a Frei, por no escuchar las propuestas de la agrupación en materia de Derechos Humanos; los dichos de Pinochet por las propuestas de reforma en materia de Derechos Humanos planteado por el gobierno; los dichos y críticas del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Fernando Aristía, sobre las reformas del gobierno en materia de Derechos Humanos; la entrevista hecha por El Mercurio a Ricardo Rivadeneira, en la cual el militante de Renovación Nacional reflexiona sobre la violación de Derechos Humanos y su íntima relación con Estados Unidos y sus organismos represivos, tales como la CIA, Departamento de Estado y el Pentágono; la entrevista dada por el Presidente de la Corporación de Reconciliación, en la cual indica que en el contexto actual del país, es imposible hacer uso del "borrón y cuenta nueva" en relación a los crímenes cometidos durante la Dictadura, ya que se pierden los avances hechos en materia judicial, social y hasta políticos; el llamado del presidente Frei a la reconciliación social del país; la objeción de los abogados de FASIC al llamado del presidente Frei a la reconciliación; la visita del relator sobre tortura de la ONU, Nigel S. Rodley, a Chile, para examinar la situación del país; la relativa aprobación de la CUT al proyecto de reformas del gobierno en materia de Derechos Humanos, sin embargo, para la Central, esta no está completa, ya que no sanciona a responsables de torturas, ni de desapariciones de personas; las reflexiones del diputado DC, Gabriel Ascencio para que dentro de su partido exista la discusión sobre las reformas para resolver casos pendientes en materia de Derechos Humanos; Finalmente, se adjunta un anexo en la cual, por medio de una declaración pública, el equipo jurídico de FASIC se pronuncia en relación a la iniciativa legal que "fija normas para contribuir efectivamente al esclarecimiento de la verdad en torno al destino de los Detenidos Desaparecidos y otros casos sobre Derechos Humanos".

Nota de prensa que aclara que el expediente del caso de la Operación Albania se mantendrá en secreto por la seguridad de las personas que aparecen en este.

Reportaje acerca del poder judicial chileno, en este se describe como se dividen los integrantes de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones. En estas instancias existen jueces que pertenecen a la que se podrá considera como un "ala progresista" de la justicia chilena, son quienes han buscado justicia por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico-militar chilena. Se destaca entre ellos al juez Carlos Cerda quien es parte del grupo de los que consideran el desaparecimiento de personas como un crimen contra la humanidad basándose en tratados internacionales. Se destaca en el reportaje la condena por secuestro permanente que llevó a cabo el ministro Alejandro Solís ya que con esta es posible conocer si los ex jefes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) serán condenados por este crimen o serán amnistiados. Se hace un análisis de la globalización judicial.

Documento de prensa referente a los comentarios del arzobispo Javier Errázuriz sobre la importancia de que el dictador Augusto Pinochet pudiera gestionar la entrega de información del paradero de los restos de los detenidos desaparecidos, esto generaría eco entre quienes tienes tal información. En cuadro aparte se aborda la acción judicial presentada por el abogado de la viuda de Víctor Jara, Joan Jara, para esclarecer las condiciones de su muerte y reivindicar su figura.