Noticia que informa que el fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Raúl Rocha, entregará su informe al fiscal Enrique Paillás sobre la situación y condiciones en que estarán los reos de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) recientemente trasladados de Colina II.
Noticia que muestra las declaraciones del director de Gendarmería, quien hablo del procedimiento que se utilizo en el traslado de los presos políticos de la Cárcel de Alta Seguridad. Además, se muestra el respaldo del Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, al director de Gendarmería, quien indico también, que los familiares de los presos de la Cárcel de Alta Seguridad deben presentar recursos ante los tribunales para determinar la veracidad de sus denuncias de tortura.
Nota de prensa que informa que se solicitará un relator para la tortura de las Naciones Unidas que se haga presente y analice el caso de los presos trasladados desde la Cárcel de Alta Seguridad quienes denuncian malos tratos sufridos desde gendarmería.
Documento donde se muestra la entrevista a la diputada socialista Fanny Pollarolo, donde habla respecto de la postura del gobierno con el caso Pinochet, de la posición del Partido Socialista ante este tema y del documento critico realizado por el PS por la actuación de la defensa del gobierno ante la Cámara de los Lores.
Documento de prensa referente a las distintas opiniones que han surgido por la intervención del Vaticano en el Caso Pinochet. Se muestran las declaraciones de los distintos partidos políticos, la Democracia Cristiana comparte lo que haga el gobierno de Eduardo Frei, la oposición (UDI, RN) señala que gestión del Vaticano fortalece la postura del Estado chileno y el Partido Socialista señala que no corresponde sostener razones humanitarias por que en esta instancia en la Cámara de los Lores solo deben verse antecedentes de carácter jurídico.
El documento se divide en 5 secciones breves. En primer lugar, se informa sobre los procedimientos realizados a Augusto Pinochet para evaluar su estado médico y psicológico, para así determinar si se encuentra en condiciones óptimas para enfrentar el juicio por el caso Caravana de la Muerte. Junto a la nota, se destacan las manifestaciones -tanto de adherentes como contrarios al régimen militar- fuera de las instalaciones donde Pinochet se realizó dichos exámenes. En segundo lugar, y vinculado con lo anterior, el abogado de Pinochet, Ambrosio Rodríguez, menciona que decidirá si deberá de interrogarse al general o no dependiendo de los resultados de los exámenes. En un cuadro inferior de la plana, se informa sobre una querella contra los jefes de las FF.AA. por la desaparición y el secuestro de Michelle Peña, quien se encontraba embarazada de 8 meses en aquel entonces, intentando dar con el posible paradero del bebé. A un costado del anterior cuadro, se constatan los dichos del abogado querellante Hugo Gutiérrez, quien menciona que, de no presentarse Pinochet al interrogatorio del lunes siguiente, sería un hecho cobarde por parte del ex comandante en jefe, pero que igualmente tiene todo el derecho de negarse. Finalmente, en otro cuadro, se habla sobre la querella N°204 contra Pinochet por la desaparición del estudiante de Medicina de la PUC Gilberto Urbina Chamorro.
Este folleto publicado en marzo comenta las principales noticias acaecidas en dicho mes en relación a Derechos Humanos. En este contexto, se narra sobre la denuncia a funcionarios policiales por la muerte de Miguel Ángel Vallejos luego de sufrir lesiones por parte de los uniformados. Además, las declaraciones del presidente Aylwin por la pobreza y su daño moral en las sociedades; la publicación de un artículo escrito por el abogado Juan Milos Hurtado en relación a Derechos Humanos; la remoción de los carabineros involucrados en el asesinato de Miguel Ángel Vallejos, para ser entregados a la justicia; las declaraciones de la ex ministra de justicia Mónica Madariaga luego de que el presidente Frei indultara a un narcotraficante; la declaración de Pinochet por el desaparecimiento de Marcos Quiñones Lembach en 1975; el doble estándar respecto al decreto de ley de Amnistía; las declaraciones -y confesiones- de un oficial naval argentino sobre el asesinato de presos políticos luego de ser lanzados al mar vivos; los dichos de la abogado Verónica Reyna sobre la falta de democracia en Chile, producto de la falta de justicia; la relación de la DINA y una agrupación neofascista italiana para el asesinato de Leighton; la creación del "defensor penitenciario" con el fin de dar una calidad de vida más digna a los reos; la petición de Andrés Allamand para investigar a un ex funcionario de la CNI; la inauguración de un monumento en Puente Bulnes para el asesinado sacerdote español Juan Alsina; la presión de ONGs españolas para esclarecer el asesinato de Carmelo Soria por parte de la DINA en 1976; la realidad política entre Brasil y Chile a raíz de los presos chilenos en dicho país; la sepultación de 14 cuerpos de Detenidos Desaparecidos en el Cementerio General; la posible participación del gobierno de Chile en el caso Leighton llevado a cabo en Italia; las declaraciones del Ministro de Obras Públicas en relación al caso Letelier y su necesidad de saber la verdad de más casos para una Transición completa; las declaraciones del comandante de la FACH Ramon Vega en relación a los casos judiciales de violación a los Derechos Humanos; las declaraciones del presidente de la UDI sobre "las motivaciones" del "pronunciamiento" militar; las reflexiones de Raúl Rettig sobre los cuatro años desde el Informe sobre Derechos Humanos; la crítica del diputado Socialista Jaime Naranjo a el presidente Frei por sus ausentes políticas de Derechos Humanos; el juzgamiento en Italia de Manuel Contreras por el caso Leighton; los dichos del general Guillermo Marín por la formalización de Manuel Contreras; las declaraciones de Frei sobre su negativa postura a entregar personalidad jurídica a cualquier ente que haya estado vinculado a Colonia Dignidad; la reflexión de Aylwin sobre reformas pendientes en Chile para el perfeccionamiento democrático del país; la denuncia que se hizo contra el Estado chileno a la OEA por la desaparición de Alfonso Chanfreau en 1975; el reconocimiento por parte del Director Nacional de Gendarmería por el uso excesivo de la fuerza en el motín de la cárcel de Antofagasta; la firma de convenios por parte de la Región Metropolitana, Intendencia y entidades universitarias, para combatir la violencia intrafamiliar; la acusación del fiscal italiano Giovanni Salvi a la DINA como responsable del atentado a Leighton; la denuncia del abogado Héctor Salazar al Estado chileno por incumplimiento de las resoluciones al caso Quemados; la participación del gobierno chileno en los juicios por el caso Tucapel Jiménez; las denuncias de los familiares de Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, por el incumplimiento de sus asesinos de la prisión preventiva; y finalmente, las declaraciones del coronel en retiro de Carabineros Guillermo González Betancourt, condenado por el caso degollados, sobre la responsabilidad en el crimen del alto mando policial, entre ellos, el del general Stange.