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Este folleto, de publicación mensual, en este caso, publicado en el mes de noviembre, realizado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, comenta las principales noticias relacionadas en materia de Derechos Humanos en Chile. En este contexto, se comenta sobre la destinación de ex funcionarios de la DINA para cargos diplomáticos; las reacciones de los dirigentes políticos ante las iniciativas en materia de Derechos Humanos; el acuerdo entre el gobierno y Renovación Nacional en materia de Derechos Humanos; la opinión de la abogado de FASIC, Pamela Pereira, sobre la propuesta de Derechos Humanos; las declaraciones del presidente Frei sobre las políticas de Derechos Humanos puestas en práctica en su gobierno; la identificación de osamentas de 36 personas, ejecutadas el 11 de septiembre de 1973 en la provincia del Loa, específicamente en Calama; las declaraciones del diputado Alberto Espina sobre las políticas relacionadas en materia de Derechos Humanos; las novedades judiciales sobre le caso Albania; la libertad bajo fianza del ex vocero del Frente Manuela Rodríguez Sergio Buschmann; el rechazo de FASIC a las propuestas del gobierno y Renovación Nacional en materia de Derechos Humanos; la negativa de las Fuerzas Armadas en entregar información sobre detenidos desaparecidos; las declaraciones del PPD sobre las políticas relacionadas a Derechos Humanos en Chile; la condena en Perú a la antropóloga chilena Sybila Arredondo acusada de terrorismo; el ingreso a Punta Peuco de ex militares condenados por violación a los Derechos Humanos; la petición de la Comisión de Derechos Humanos a la Cancillería para verificar la compatibilidad de la propuesta "Figueroa-Otero" en materia de detenidos desaparecidos; la opinión de el senador de Renovación Nacional Bruno Siebert sobre la propuesta Figueroa-Otero; el rechazo de la juventud Demócrata Cristiana a la propuesta en materia de Derechos Humanos propuesta por el Gobierno y la Renovación Nacional; el rechazo en Ecuador por parte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, de un agregado militar chileno por su presunta vinculación al régimen de Pinochet; los 14 casos de desaparecidos que fueron amnistiados por la Sala Penal de la Corte Suprema; la petición de Amnistía Internacional a la justicia chilena de no terminar los procesos de violaciones da Derechos Humanos; y finalmente, la condena del subteniente de Carabineros Fernando Valdés Cid, por el delito de asesinato de Nelson Carrasco Bascuñán. Además, a modo de anexo, se adjunta una declaración pública del Equipo Jurídico de FASIC, sobre el problema pendiente a Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos cuyos restos no han sido ubicados.

Este folleto publicado en abril, realizado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, comenta las principales noticias relacionadas en materia de Derechos Humanos. En este contexto, se narra la conmemoración de los 10 años de los asesinatos de Parada, Guerrero y Nattino; la huelga de hambre de los reclusos de la cárcel de Alta Seguridad de Santiago por las reformas carcelarias; las solicitudes de los diputados Naranjo y Aguiló al ministro de Defensa para poner las medidas necesarias para el cumplimiento penal de los ex uniformados condenados; las declaraciones de María Angelica Prats, hija del general Prats, sobre las vicisitudes tras la muerte de su padre y los responsables de la misma; la investigación de la comisión de Derechos Humanos en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, por las denuncias de reos y familiares por las condiciones de vida; la preocupación de la Cámara de Diputados de España por el lento esclarecimiento -y proceso judicial- del asesinato de Carmelo Soria, asesinado en 1976 por la DINA; la eliminación de la Corte Suprema a las proposiciones de abogados integrantes de la Corte de Apelaciones de Santiago al doctor en Derecho Constitucional, Humberto Nogueira, redactor de los dos fallos que hicieron prevalecer los Tratados Internacionales por sobre la amnistía de 1978; la aprobación de la cámara de diputados del proyecto de ley que enseña sobre Derechos Humanos a niños de básica y media; la reapertura de la investigación de desaparecido, amnistiada por la ley de 1978, de Eduardo "Coco" Paredes Barrientos, desaparecido el 11 de septiembre de 1973; las denuncias de jóvenes de menores de 30 años a PDI y Carabineros por detenciones y abuso de poder; la denuncia del abogado de FASIC, Nelson Caucoto, al Estado de Chile a la OEA por la denegación de justicia por el secuestro y desaparecimiento de los hermanos Andrónico Antequera y Luis González Manríquez, hechos ocurridos en 1974, en los que participaron agentes de la DINA; la solicitud de la comisión de Derechos Humanos de Brasil para expulsar de Brasil a los prisioneros chilenos, acusados de secuestrar a un empresario brasilero; la reunión del cuerpo de generales del ejército por el fallo del caso Letelier; la recomendación de Gendarmería en no dar libertad a ex militares Conteras y Espinoza; el pronunciamiento en contra de la Concertación ante las eventuales presiones de militares para no encarcelar a Conteras y Espinoza; las declaraciones públicas del centro de ex generales por Contreras y Espinoza; la identificación de 12 cuerpos enterrados en el patio 29, enterrados en 1973 como N.N; la expectativa por parte de Estados Unidos a que se haga justicia por el caso Letelier; el comunicado de la comisión chilena de Derechos Humanos por el reconocimiento del general argentino Martín Baza de los crímenes del ejército en la dictadura argentina; y finalmente, las declaraciones del auditor de guerra, general Fernando Torres Silva, sobre Derechos Humanos y los casos de Conteras y Espinoza. Y a modo de anexo, se adjunta una página en la cual se hace una declaración pública de la FASIC, sobre las declaraciones del general argentino Martín Baza relacionadas a violencia política y desapariciones.

Documento periodístico que reúne declaraciones de ex detenidos y detenidas de la Dictadura Militar que confirman la participación de civiles en torturas. Nota donde el abogado de la Vicaria de la Solidaridad indica que una asociación clandestina protege a ex agentes de la DINA.

La noticia principal habla sobre las incoherencias en los datos proporcionados por las Fuerzas Armadas respecto a dos detenidos desaparecidos, cuestionando la legitimidad de la información dada en la Mesa de Dialogo por esa entidad. Esto deja en evidencia la necesidad de construir otra figura que investigue la información entregada a la Mesa de Diálogo lo que ya se había solicitado y existía un acuerdo previo. En un cuadro inferior, se muestra un informe sobre las recientes víctimas de malos tratos y/o torturas producidas durante los años 1999 y 2000 por parte de Carabineros, lo que tuvo un nulo reconocimiento por parte de las autoridades chilenas. Por ultimo, en la esquina inferior derecha, se habla sobre el vínculo del fiscal Raúl Rocha con los abogados defensores de Augusto Pinochet en el caso judicial de la Caravana de la Muerte.

Este folleto publicado en marzo comenta las principales noticias acaecidas en dicho mes en relación a Derechos Humanos. En este contexto, se narra sobre la denuncia a funcionarios policiales por la muerte de Miguel Ángel Vallejos luego de sufrir lesiones por parte de los uniformados. Además, las declaraciones del presidente Aylwin por la pobreza y su daño moral en las sociedades; la publicación de un artículo escrito por el abogado Juan Milos Hurtado en relación a Derechos Humanos; la remoción de los carabineros involucrados en el asesinato de Miguel Ángel Vallejos, para ser entregados a la justicia; las declaraciones de la ex ministra de justicia Mónica Madariaga luego de que el presidente Frei indultara a un narcotraficante; la declaración de Pinochet por el desaparecimiento de Marcos Quiñones Lembach en 1975; el doble estándar respecto al decreto de ley de Amnistía; las declaraciones -y confesiones- de un oficial naval argentino sobre el asesinato de presos políticos luego de ser lanzados al mar vivos; los dichos de la abogado Verónica Reyna sobre la falta de democracia en Chile, producto de la falta de justicia; la relación de la DINA y una agrupación neofascista italiana para el asesinato de Leighton; la creación del "defensor penitenciario" con el fin de dar una calidad de vida más digna a los reos; la petición de Andrés Allamand para investigar a un ex funcionario de la CNI; la inauguración de un monumento en Puente Bulnes para el asesinado sacerdote español Juan Alsina; la presión de ONGs españolas para esclarecer el asesinato de Carmelo Soria por parte de la DINA en 1976; la realidad política entre Brasil y Chile a raíz de los presos chilenos en dicho país; la sepultación de 14 cuerpos de Detenidos Desaparecidos en el Cementerio General; la posible participación del gobierno de Chile en el caso Leighton llevado a cabo en Italia; las declaraciones del Ministro de Obras Públicas en relación al caso Letelier y su necesidad de saber la verdad de más casos para una Transición completa; las declaraciones del comandante de la FACH Ramon Vega en relación a los casos judiciales de violación a los Derechos Humanos; las declaraciones del presidente de la UDI sobre "las motivaciones" del "pronunciamiento" militar; las reflexiones de Raúl Rettig sobre los cuatro años desde el Informe sobre Derechos Humanos; la crítica del diputado Socialista Jaime Naranjo a el presidente Frei por sus ausentes políticas de Derechos Humanos; el juzgamiento en Italia de Manuel Contreras por el caso Leighton; los dichos del general Guillermo Marín por la formalización de Manuel Contreras; las declaraciones de Frei sobre su negativa postura a entregar personalidad jurídica a cualquier ente que haya estado vinculado a Colonia Dignidad; la reflexión de Aylwin sobre reformas pendientes en Chile para el perfeccionamiento democrático del país; la denuncia que se hizo contra el Estado chileno a la OEA por la desaparición de Alfonso Chanfreau en 1975; el reconocimiento por parte del Director Nacional de Gendarmería por el uso excesivo de la fuerza en el motín de la cárcel de Antofagasta; la firma de convenios por parte de la Región Metropolitana, Intendencia y entidades universitarias, para combatir la violencia intrafamiliar; la acusación del fiscal italiano Giovanni Salvi a la DINA como responsable del atentado a Leighton; la denuncia del abogado Héctor Salazar al Estado chileno por incumplimiento de las resoluciones al caso Quemados; la participación del gobierno chileno en los juicios por el caso Tucapel Jiménez; las denuncias de los familiares de Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, por el incumplimiento de sus asesinos de la prisión preventiva; y finalmente, las declaraciones del coronel en retiro de Carabineros Guillermo González Betancourt, condenado por el caso degollados, sobre la responsabilidad en el crimen del alto mando policial, entre ellos, el del general Stange.

Este folleto publicado en febrero comenta las principales noticias acaecidas en dicho mes en relación a Derechos Humanos. Así, en este contexto, se pueden encontrar en el folleto, noticias relacionadas a las declaraciones hechas por el general Eugenio Videla en relación al juicio de Manuel Contreras; el análisis norteamericano en el contradictorio proceso de reconciliación en Chile, todo esto, auspiciado por la Ley de Amnistía; la libertad del capitán Pedro Fernández Dittus por el caso "quemados"; la demanda del abogado de FASIC al Estado chileno a la OEA por "denegación de justicia" en casos de violaciones a los Derechos Humanos; las irónicas declaraciones del general en retiro Jorge Bellerino por las acusaciones de violaciones de Derechos Humanos por parte del ejército; la renuncia de Roberto Garretón a su puesto político en las oficinas de Naciones Unidas; la participación del Estado de Chile en los procesos judiciales llevados a cabo en Italia a Manuel Contreras y Raúl Iturriaga, por los atentados fallidos contra Bernardo Leighton y Anita Fresno en Roma el 6 de octubre de 1975; el hallazgo de osamentas en Pisagua (los cuales una vez periciados, se estimarán que no pertenecen a Detenidos Desaparecidos); la misión de un ex-DINA, Pablo Belmar, como representante de la comisión chilena técnico-militar en el conflicto peruano-ecuatoriano; y finalmente, la visita del presidente de Brasil a Chile y la conversación relacionada a los presos chilenos acusados de secuestro y su expulsión de Brasil.

Este folleto publicado en el mes de octubre, realizado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, comenta las principales noticias relacionadas en materia de Derechos Humanos en Chile. En este contexto, se comenta sobre el anuncio de retiro del general de Carabineros Rodolfo Stange; la presión de parlamentarios chilenos al gobierno de Brasil para que conceda la expulsión a presos chilenos en dicho país; la propuesta legislativa de paz y reconciliación, entregada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; la aplicación de la amnistía al caso y proceso de investigación sobre el asesinato del dirigente del MIR Dagoberto Pérez, por parte agentes de la DINA; la denuncia por parte del diputado DC Gabriel Ascencio, sobre violencia policial y su uso desmedido de la fuerza; la huelga de hambre del brigadier Pedro Espinoza; el reconocimiento por parte del obispo de Talca, monseñor Carlos González, de tener información sobre lugares en que se encuentran los restos de algunos detenidos desaparecidos; las declaraciones de Patricio Aylwin que sostiene que en Chile no ha habido justicia en caso de Derechos Humanos; la encuesta de CERC sobre la realidad nacional en materia de Derechos Humanos; la definición por parte de la Corte Suprema, de la fecha de ingreso de Contreras a Punta Peuco; la solicitud del presidente Frei a no ascender a militares en el escalafón militar, si estos han estado comprometidos en violaciones a los Derechos Humanos; la propuesta legal para evitar la amnistía por parte de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; el cierre de la investigación del caso por detención y desaparición del militante del MIR Juan Carlos Perelman, y del militante socialista Juan Núñez Vargas; el ingreso de Contreras a Punta Peuco; el rechazo por parte del gobierno de la propuesta de la Derecha chilena en materia de Derechos Humanos; la fundamentación del juez de la Corte Suprema por la aplicación de amnistía a acusados por detenciones y desapariciones; el titular del New York Times en la que se señala que en Chile solo se conseguirá una justicia simbólica; otro sobreseimiento por parte de la Corte Suprema de un acusado responsable de detención y desaparición; la petición de los abogados de FASIC para acusar a los jueces de la Corte Suprema por las ya varias aplicaciones de amnistía a violadores de Derechos Humanos; la sentencia definitiva sobre el caso "Degollados"; finalmente, la revisión por parte de la justicia brasilera a las penas impuestas a los chilenos detenidos en dicho país. Por otro lado, se adjunta como anexo una declaración pública de FASIC, en la cual se comentan las vicisitudes de la justicia y las responsabilidades de los sobreseimientos.

Este folleto publicado en enero comenta las principales noticias relacionadas en materia de Derechos Humanos acaecidas en dicho mes. En este sentido, se narra la realidad de los presos chilenos en Brasil por el secuestro del empresario Abilio Diniz; los sobreseimientos de procesos por detenidos desaparecidos y su traspaso a la Justicia Militar; la construcción de una cárcel exclusiva para militares acusados por crímenes de Derechos Humanos; el intento de modificar el privilegiado código de justicia militar; el interés por parte del nuevo embajador de Estados Unidos en Chile para que se haga justicia en el caso Letelier; los problemas políticos del gobierno frente a esta nueva cárcel de militares; detalles y argumentos por la nueva cárcel de militares; la entrega del balance anual (1994) en materia de derechos humanos por partes de abogados de FASIC; un informe del ejército sobre la cárcel de militares; la aprobación del Congreso de esta nueva cárcel; la opinión desfavorable de FASIC por esta cárcel de militares; resultados de una encuesta sobre drogadicción en Chile; los dichos de Piñera sobre los juicios a militares y el pacto de reconciliación; la cuestionada acción policial en el caso "La Colchona"; el caso Soria; una protesta realizada por familiares de detenidos desaparecidos frente al proyecto de la nueva cárcel militar; novedades judiciales en la Corte Suprema por el caso Letelier; el fallo de la Corte Suprema para congelar los traslados de imputados militares a cárceles públicas; y finalmente, las arbitrariedades judiciales en la Corte Marcial. Y a modo de anexo, se adjuntan comunicados y declaraciones públicas de la FASIC en denuncia por los procesos militares exclusivos de las Cortes Marciales, y la justicia militar, los que crean privilegios al momento de condenar a responsables por crímenes de derechos humanos.