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Este folleto, hecho por médicos miembros del Colegio Médico, narra los hechos ocurridos relacionados al secuestro y asesinato de José Manuel Parada y Manuel Guerrero Cevallos; y del dibujante Santiago Nattino Allende, y a los secuestros de Eduardo Osorio, Mónica Araya, José Tolosa, Nelson Bermúdez y Alejandro Traverso. En este contexto, el Colegio Médico manifiesta su total rechazo a estos hechos de violencia, explicando así su decisión de ayuno por 48 horas como forma de protesta y denuncia. Por otro lado, en este folleto, se explican de forma cronológica los eventos criminales de los secuestro. Asimismo, el folleto adjunta variados extractos de prensa relacionados a los crímenes de Parada, Guerrero y Nattino. Con todo, también se extraen recortes de declaraciones de funcionarios del gobierno en relación a los hechos delictuales. Finalmente, el folleto cierra con declaraciones de eclesiásticos y miembros de la Iglesia para poner fin a los hechos de violencia y a la vez, esclarecer los crímenes de Parada, Guerrero y Nattino; además de declaraciones públicas del Colegio Médico y del Consejo Regional de Concepción (Colegio Médico).

Este folleto publicado en marzo comenta las principales noticias acaecidas en dicho mes en relación a Derechos Humanos. En este contexto, se narra sobre la denuncia a funcionarios policiales por la muerte de Miguel Ángel Vallejos luego de sufrir lesiones por parte de los uniformados. Además, las declaraciones del presidente Aylwin por la pobreza y su daño moral en las sociedades; la publicación de un artículo escrito por el abogado Juan Milos Hurtado en relación a Derechos Humanos; la remoción de los carabineros involucrados en el asesinato de Miguel Ángel Vallejos, para ser entregados a la justicia; las declaraciones de la ex ministra de justicia Mónica Madariaga luego de que el presidente Frei indultara a un narcotraficante; la declaración de Pinochet por el desaparecimiento de Marcos Quiñones Lembach en 1975; el doble estándar respecto al decreto de ley de Amnistía; las declaraciones -y confesiones- de un oficial naval argentino sobre el asesinato de presos políticos luego de ser lanzados al mar vivos; los dichos de la abogado Verónica Reyna sobre la falta de democracia en Chile, producto de la falta de justicia; la relación de la DINA y una agrupación neofascista italiana para el asesinato de Leighton; la creación del "defensor penitenciario" con el fin de dar una calidad de vida más digna a los reos; la petición de Andrés Allamand para investigar a un ex funcionario de la CNI; la inauguración de un monumento en Puente Bulnes para el asesinado sacerdote español Juan Alsina; la presión de ONGs españolas para esclarecer el asesinato de Carmelo Soria por parte de la DINA en 1976; la realidad política entre Brasil y Chile a raíz de los presos chilenos en dicho país; la sepultación de 14 cuerpos de Detenidos Desaparecidos en el Cementerio General; la posible participación del gobierno de Chile en el caso Leighton llevado a cabo en Italia; las declaraciones del Ministro de Obras Públicas en relación al caso Letelier y su necesidad de saber la verdad de más casos para una Transición completa; las declaraciones del comandante de la FACH Ramon Vega en relación a los casos judiciales de violación a los Derechos Humanos; las declaraciones del presidente de la UDI sobre "las motivaciones" del "pronunciamiento" militar; las reflexiones de Raúl Rettig sobre los cuatro años desde el Informe sobre Derechos Humanos; la crítica del diputado Socialista Jaime Naranjo a el presidente Frei por sus ausentes políticas de Derechos Humanos; el juzgamiento en Italia de Manuel Contreras por el caso Leighton; los dichos del general Guillermo Marín por la formalización de Manuel Contreras; las declaraciones de Frei sobre su negativa postura a entregar personalidad jurídica a cualquier ente que haya estado vinculado a Colonia Dignidad; la reflexión de Aylwin sobre reformas pendientes en Chile para el perfeccionamiento democrático del país; la denuncia que se hizo contra el Estado chileno a la OEA por la desaparición de Alfonso Chanfreau en 1975; el reconocimiento por parte del Director Nacional de Gendarmería por el uso excesivo de la fuerza en el motín de la cárcel de Antofagasta; la firma de convenios por parte de la Región Metropolitana, Intendencia y entidades universitarias, para combatir la violencia intrafamiliar; la acusación del fiscal italiano Giovanni Salvi a la DINA como responsable del atentado a Leighton; la denuncia del abogado Héctor Salazar al Estado chileno por incumplimiento de las resoluciones al caso Quemados; la participación del gobierno chileno en los juicios por el caso Tucapel Jiménez; las denuncias de los familiares de Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, por el incumplimiento de sus asesinos de la prisión preventiva; y finalmente, las declaraciones del coronel en retiro de Carabineros Guillermo González Betancourt, condenado por el caso degollados, sobre la responsabilidad en el crimen del alto mando policial, entre ellos, el del general Stange.

Este folleto publicado en abril, realizado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, comenta las principales noticias relacionadas en materia de Derechos Humanos. En este contexto, se narra la conmemoración de los 10 años de los asesinatos de Parada, Guerrero y Nattino; la huelga de hambre de los reclusos de la cárcel de Alta Seguridad de Santiago por las reformas carcelarias; las solicitudes de los diputados Naranjo y Aguiló al ministro de Defensa para poner las medidas necesarias para el cumplimiento penal de los ex uniformados condenados; las declaraciones de María Angelica Prats, hija del general Prats, sobre las vicisitudes tras la muerte de su padre y los responsables de la misma; la investigación de la comisión de Derechos Humanos en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, por las denuncias de reos y familiares por las condiciones de vida; la preocupación de la Cámara de Diputados de España por el lento esclarecimiento -y proceso judicial- del asesinato de Carmelo Soria, asesinado en 1976 por la DINA; la eliminación de la Corte Suprema a las proposiciones de abogados integrantes de la Corte de Apelaciones de Santiago al doctor en Derecho Constitucional, Humberto Nogueira, redactor de los dos fallos que hicieron prevalecer los Tratados Internacionales por sobre la amnistía de 1978; la aprobación de la cámara de diputados del proyecto de ley que enseña sobre Derechos Humanos a niños de básica y media; la reapertura de la investigación de desaparecido, amnistiada por la ley de 1978, de Eduardo "Coco" Paredes Barrientos, desaparecido el 11 de septiembre de 1973; las denuncias de jóvenes de menores de 30 años a PDI y Carabineros por detenciones y abuso de poder; la denuncia del abogado de FASIC, Nelson Caucoto, al Estado de Chile a la OEA por la denegación de justicia por el secuestro y desaparecimiento de los hermanos Andrónico Antequera y Luis González Manríquez, hechos ocurridos en 1974, en los que participaron agentes de la DINA; la solicitud de la comisión de Derechos Humanos de Brasil para expulsar de Brasil a los prisioneros chilenos, acusados de secuestrar a un empresario brasilero; la reunión del cuerpo de generales del ejército por el fallo del caso Letelier; la recomendación de Gendarmería en no dar libertad a ex militares Conteras y Espinoza; el pronunciamiento en contra de la Concertación ante las eventuales presiones de militares para no encarcelar a Conteras y Espinoza; las declaraciones públicas del centro de ex generales por Contreras y Espinoza; la identificación de 12 cuerpos enterrados en el patio 29, enterrados en 1973 como N.N; la expectativa por parte de Estados Unidos a que se haga justicia por el caso Letelier; el comunicado de la comisión chilena de Derechos Humanos por el reconocimiento del general argentino Martín Baza de los crímenes del ejército en la dictadura argentina; y finalmente, las declaraciones del auditor de guerra, general Fernando Torres Silva, sobre Derechos Humanos y los casos de Conteras y Espinoza. Y a modo de anexo, se adjunta una página en la cual se hace una declaración pública de la FASIC, sobre las declaraciones del general argentino Martín Baza relacionadas a violencia política y desapariciones.

Este folleto, de publicación mensual, en este caso, publicado en el mes de noviembre, realizado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, comenta las principales noticias relacionadas en materia de Derechos Humanos en Chile. En este contexto, se comenta sobre la destinación de ex funcionarios de la DINA para cargos diplomáticos; las reacciones de los dirigentes políticos ante las iniciativas en materia de Derechos Humanos; el acuerdo entre el gobierno y Renovación Nacional en materia de Derechos Humanos; la opinión de la abogado de FASIC, Pamela Pereira, sobre la propuesta de Derechos Humanos; las declaraciones del presidente Frei sobre las políticas de Derechos Humanos puestas en práctica en su gobierno; la identificación de osamentas de 36 personas, ejecutadas el 11 de septiembre de 1973 en la provincia del Loa, específicamente en Calama; las declaraciones del diputado Alberto Espina sobre las políticas relacionadas en materia de Derechos Humanos; las novedades judiciales sobre le caso Albania; la libertad bajo fianza del ex vocero del Frente Manuela Rodríguez Sergio Buschmann; el rechazo de FASIC a las propuestas del gobierno y Renovación Nacional en materia de Derechos Humanos; la negativa de las Fuerzas Armadas en entregar información sobre detenidos desaparecidos; las declaraciones del PPD sobre las políticas relacionadas a Derechos Humanos en Chile; la condena en Perú a la antropóloga chilena Sybila Arredondo acusada de terrorismo; el ingreso a Punta Peuco de ex militares condenados por violación a los Derechos Humanos; la petición de la Comisión de Derechos Humanos a la Cancillería para verificar la compatibilidad de la propuesta "Figueroa-Otero" en materia de detenidos desaparecidos; la opinión de el senador de Renovación Nacional Bruno Siebert sobre la propuesta Figueroa-Otero; el rechazo de la juventud Demócrata Cristiana a la propuesta en materia de Derechos Humanos propuesta por el Gobierno y la Renovación Nacional; el rechazo en Ecuador por parte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, de un agregado militar chileno por su presunta vinculación al régimen de Pinochet; los 14 casos de desaparecidos que fueron amnistiados por la Sala Penal de la Corte Suprema; la petición de Amnistía Internacional a la justicia chilena de no terminar los procesos de violaciones da Derechos Humanos; y finalmente, la condena del subteniente de Carabineros Fernando Valdés Cid, por el delito de asesinato de Nelson Carrasco Bascuñán. Además, a modo de anexo, se adjunta una declaración pública del Equipo Jurídico de FASIC, sobre el problema pendiente a Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos cuyos restos no han sido ubicados.

El cuadernillo consta de prensa subversiva opositora a la dictadura militar, también están en contra del próximo plebiscito y abogan por la democratización de las Fuerzas Armadas, entre otros temas.

El folleto informa sobre el escenario general de Chile entre 1973 a 1984 aproximadamente, en donde se hace un recuento del contexto histórico, el golpe de Estado, los mecanismos opresivos presentes desde la llegada de Pinochet, los tipos de torturas presentes por los organismos represivos como la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la Central Nacional de Informaciones (CNI), las manifestaciones en poblaciones como La Victoria, entre otros.

Reportaje donde se muestra cómo se realizaron informes acerca de la vida privada y profesional de los integrantes del Poder Judicial por parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Este espionaje fue ordenado por el dictador Augusto Pinochet y por Manuel Contreras para conocer la vida de más de cien funcionarios judiciales de todo el país. De estos los que eran considerados como "enemigos del régimen" fueron removidos como funcionarios de la justicia. Se dan ejemplos de cómo era la forma de referirse a los jueces en estos informes, en donde primaban los comentarios ideologizados y peyorativos para referirse a los funcionarios. A continuación sigue un artículo referente a lo que algunos de los jueces presenciaron en los campos de prisioneros, como Tres y Cuatro Álamos, y que nunca informaron convirtiéndose en cómplices de estos actos. El artículo se refiere a lo que realizó José María Eyzaguirre presidente de la Corte Suprema hasta 1978 quien visitó distintos campos de detención y se entrevistó con diversos prisioneros sin llevar a cabo ninguna diligencia para evitar estos actos represivos. También se hace referencia al ministro de justicia de Pinochet, Miguel Schweitzer Speisky quien también estaba al tanto de estas prácticas. Se muestran declaraciones de detenidos acerca del funcionamiento de Villa Grimaldi.

Noticia referente a la solicitud de los abogados defensores del "caso Albania" para que el ministro Milton Juica se inhabilite, ya que ha mostrado enemistad respecto de militares o uniformados lo que se demuestra dictando resoluciones, además, de rechazar la libertad a un ex agente de la Central Nacional de Informaciones.