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El documento consta de la adscripción de Chile al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y como es que, en la práctica, no es ejercido por las instituciones chilenas. Se presenta un caso concreto en el cual se le prohíbe su ingreso al país a doña Ramona de Jesús Alfaro Rojas, de forma que se presentó un recurso de protección reclamando no solo este caso en particular, sino también la obligación del Ministerio de Relaciones Exteriores publicar cualquier tratado internacional en el Diario Oficial, recurso que fue rechazado por la Corte de Apelaciones y por la Corte Suprema.