Este folleto publicado en febrero comenta las principales noticias acaecidas en dicho mes en relación a Derechos Humanos. Así, en este contexto, se pueden encontrar en el folleto, noticias relacionadas a las declaraciones hechas por el general Eugenio Videla en relación al juicio de Manuel Contreras; el análisis norteamericano en el contradictorio proceso de reconciliación en Chile, todo esto, auspiciado por la Ley de Amnistía; la libertad del capitán Pedro Fernández Dittus por el caso "quemados"; la demanda del abogado de FASIC al Estado chileno a la OEA por "denegación de justicia" en casos de violaciones a los Derechos Humanos; las irónicas declaraciones del general en retiro Jorge Bellerino por las acusaciones de violaciones de Derechos Humanos por parte del ejército; la renuncia de Roberto Garretón a su puesto político en las oficinas de Naciones Unidas; la participación del Estado de Chile en los procesos judiciales llevados a cabo en Italia a Manuel Contreras y Raúl Iturriaga, por los atentados fallidos contra Bernardo Leighton y Anita Fresno en Roma el 6 de octubre de 1975; el hallazgo de osamentas en Pisagua (los cuales una vez periciados, se estimarán que no pertenecen a Detenidos Desaparecidos); la misión de un ex-DINA, Pablo Belmar, como representante de la comisión chilena técnico-militar en el conflicto peruano-ecuatoriano; y finalmente, la visita del presidente de Brasil a Chile y la conversación relacionada a los presos chilenos acusados de secuestro y su expulsión de Brasil.

Nota de opinión referente al aspecto penal y judicial de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura chilena, en particular la figura del secuestro permanente que es la figura legal que permite condenar sin aplicar la Ley de Amnistía. Se hace mención a los casos en que se podría debatir el tema de la apelación a las condenas donde no se aplicó la Amnistía. Lo único que podría salvar de estas condenas a los implicados en estas causas es que aparezcan los cuerpos de lo/as detenido/as desaparecido/as ya que es cuando el delito de secuestro permanente cesa y se podría acreditar la figura de homicidio.

Entrevista al ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva quien se refiere a las declaraciones de los ex tenientes que, según él, no hicieron un "mea culpa" sino que hablaron acerca de las exhumaciones, que no es el proceder de los militares, por lo que es más bien una declaración de principios. También se pronuncia al respecto de la responsabilidad de Pinochet y las de los vicecomandantes, a la aplicación de la Ley de Amnistía, la preocupación del Ejército ante los procesos que se están llevando a cabo para hacer justicia por las violaciones a los derechos humanos en dictadura. Indica, además, que nunca tuvo conocimiento de detenidos desaparecidos ni de exhumaciones de restos y que la justicia militar es competente para conocer e investigar esos delitos por lo que discrepa con el juez Carlos Cerda quien indico que los tribunales militares no tienen ni la ética ni la moral para hacerse cargo de esos procesos. En última hoja habla de su experiencia con monseñor Sergio Valech.