Fondo Histórico Villa Grimaldi
Diario La Nación
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)
CASO CARAVANA DE LA MUERTE
Español
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El documento se divide en cuatro secciones. En primer lugar, se hace referencia a la reunión de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (AFDD) con el Comité Ejecutivo de la Concertación, donde manifestaron su negativa a la propuesta de resolver los casos de derechos humanos mediante un plebiscito nacional y propusieron una serie de nuevas leyes y sanciones respecto a los Derechos Humanos. Además, se muestra una breve sección en donde se informa de la petición de inhabilitar al Juez Sergio Valenzuela del caso Caravana de la Muerte producto de sus vínculos con un ex funcionario de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Luego, en la parte derecha de la página, se menciona el descubrimiento de osamentas humanas durante una diligencia decretada por el juez Juan Guzmán Tapia, la que se sospecha que pertenecerían a detenidos desaparecidos de la comuna de Coelemu, provincia de Ñuble. Finalmente, en la parte inferior de la anterior noticia, se hace referencia a la querella contra Pinochet presentada por Hugo Gutiérrez en la muerte y desaparición de un cabo del Ejército, y donde tendría que declarar como inculpado el general Ricardo Izurieta.
Nota de prensa donde se informa que declararon ante el juez Jorge Rodríguez los ex militares involucrados en el caso Prats- Cuthbert. En otra nota se informa que la "Caravana por la vida" regresó a Santiago, esta iniciativa realizó el mismo recorrido que la "Caravana de la Muerte".
Noticia acerca de las críticas realizadas por Patricio Aylwin a Augusto Pinochet tras las declaraciones de este último donde negó tener responsabilidad penal por las violaciones a los derechos humanos en medio británico. Se muestran las opiniones la otras personalidades públicas. En cuadro aparte se informa del lanzamiento del libro escrito por el obispo de Talca, Carlos González llamado "Con verdad se construye la reconciliación".
Noticia acerca de las criticas realizadas por la Agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) a las instituciones del Estado de Derecho en materia de hacer justicia y aclarar las violaciones a los derechos humanos. En cuadro aparte se informa que se le otorgó la libertad provisional a Manuel Contreras por la investigación del Plan Cóndor, aunque sigue detenido por el secuestro del ingeniero David Silberman y por el doble crimen del general Prats y su esposa Sofía Cuthbert.
Noticia que analiza la evaluación de los datos entregados a las autoridades por las iglesias y las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos. Se muestra la cantidad de datos entregados, que fueron más bien escasos, pero se valora, desde las agrupaciones de familiares de víctimas, como un acercamiento a la verdad. Se plantea la posibilidad de que se abrirán nuevos procesos penales a individuos que todavía ejercen su puesto en las instituciones armadas. Ante la investigación de estos casos por parte de la Justicia, la presión en las Fuerzas Armadas podría aumentar. Sin embargo, no podrían aferrarse a ninguna amnistía, ya que si el cuerpo de la víctima no aparece, se da la figura del secuestro permanente, lo que lo convierte en un delito imprescriptible. En la noticia al final de la página, se muestran las eventuales luchas entre querellantes y culpables sobre violación a los derechos humanos. Ya sea por el amparo que otorgan organizaciones internacionales, o por tratados internacionales de los cuales Chile es activo participante, lo que haría imposible aplicar la amnistía.
Noticia donde se informa que la Corte Suprema nominó a Nibaldo Segura como nuevo ministro por el caso Cóndor. Él continuará con la tramitación de la extradición a Buenos Aires del ex general de la DINA Manuel Contreras en el marco de la operación Cóndor. En nota aparte se hace referencia a la alta convocatoria que ha tenido en las distintas ciudades del país de la "Caravana por la Vida y la Justicia".
La noticia expone cómo la Corte Suprema adopto la resolución de las comisiones de servicio de unos 20 jueces del crimen, quienes intentaría acelerar 170 procesos judiciales sobre violaciones a los derechos humanos. Como cuadro aparte, se observa otra nota en la parte inferior del documento que habla sobre el fin de los alegatos por sobreseimiento de Pinochet. Estos pretenden determinar si se acoge o no la apelación de defensa del dictador debido a su estado de salud mental.