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Tres hojas de un reportaje incompleto que se refiere a las remociones ilegales ocurridas durante la dictadura cívico-militar que formaron parte de las prácticas para encubrir sus crímenes. Se da cuenta en la nota de la condena a cinco ex militares por estas causas, lo que preocupa al Ejército porque desde la institución se esperaba que se acelerarán los procesos y se terminara con la figura del secuestro permanente para poder superar estos temas. Se destaca la preocupación de los militares de que proliferen estas causas y se sume, además, el delito de asociación ilícita, que fue el tema que le plantearon a la ministra de defensa Michelle Bachelet. El articulo entrega una reseña de los hallazgos de osamentas en sitios como Lonquén o el Patio 29, lo que promovió la búsqueda en otros lugares, en la mayoría de los sitios donde se realizó una búsqueda constataron que los cuerpos ya no estaban, habían sido removidos. Se habla de los datos entregados a la Mesa de Dialogo por parte de las Fuerzas Armadas al respecto de las remociones, lo que, según el artículo, no fue la información que ellos realmente poseían, ya que desde el descubrimiento en Lonquén se realizaron catastros de los lugares donde existían entierros ilegales. En cuadro aparate se muestra la respuesta del general en retiro Hernán Núñez a Maximiano Errázuriz diputado RN que solicito una comisión investigadora por las exhumaciones.

Este folleto publicado en julio, realizado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, comenta las principales noticias relacionadas en materia de Derechos Humanos en Chile. En este contexto, se habla sobre la condena de Manuel Contreras; la denuncia por negación de justicia de Carabineros al no entregar datos de su personal; la propuesta del presidente de la UDI de una ley para encontrar a los Detenidos Desaparecidos; la negativa del gobierno en impulsar propuestas sobre Derechos Humanos; la negativa de la Ministra de Justicia sobre la posibilidad de que Contreras cumpla condena en su domicilio; los avances judiciales sobre el caso Albania; la solicitud del senadore Arturo Frei de respetar la Ley de Amnistía de 1978 como única herramienta para superar las secuelas del golpe militar; la solicitud de antecedentes del tribunal argentino sobre el caso Prats; la propuesta del senador Arturo Frei sobre la apertura de una instancia canónica para recoger antecedentes sobre Detenidos Desaparecidos; la inclusión de Chile en el informe de Amnistía Internacional del año 1995; la orden de trasladar a Manuel Contreras al penal de Punta Peuco; los dichos del presidente de la Corte Suprema sobre la Ley de Amnistía de 1978; la designación de un ministro en visita para investigar las muertes ocurridas durante el caso Albania; la suspensión del traslado de Contreras a la cárcel, por parte de la Corte Suprema de Concepción; la denuncia de FASIC a ciertos parlamentarios que están presionando para que se cierren los casos judiciales abiertos en materia de Derechos Humanos; la querella del coronel de Carabineros, acusado por el caso Degollados, a tres altos oficiales que habrían prestado falso testimonio para incriminarlo en tales delitos; el rechazo del presidente Frei a la ley interpretativa de amnistía, ni mesas de diálogos, ya que cree que la Justicia hasta el momento ha realizado un trabajo óptimo; la crítica del Ministro del Interior a la derecha por el acoso de esta a las políticas del gobierno en materia de Derechos Humanos pendientes; la identificación del cuerpo del ex director de Investigaciones Eduardo Paredes, del patio 29 del Cementerio General; el proyecto de Ley ofrecido por la derecha para reinterpretar la Amnistía de 1978; la entrega de una lista de Detenidos Desaparecidos por el abogado Fidel Reyes, a la jueza del 3er Juzgado del Crimen de Santiago, esta lista, fue hecha por el ex Carabinero Miguel Estay Reyno "el Fanta", condenado por el homicidio del caso Degollados; la negativa del gobierno a apoyar el proyecto de Ley de Amnistía entregado por la derecha; los resultados de la encuesta CERC sobre la reconciliación en los chilenos; la postura del presidente Frei de que no habrá interpretación de la Ley de Amnistía; el acto de militares en Punta Peuco, y la visita de estos a los presos condenados por violación a Derechos Humanos; la preocupación del gobierno por este acto, por su naturaleza y por la cantidad de participantes; la crítica de FASIC al proyecto de ley interpretativa de la amnistía de 1978; y finalmente, la negativa del presidente peruano Alberto Fujimori a indultar a 4 presos chilenos en el Perú acusados de terrorismo. Por otra parte, se adjunta un anexo en donde se narra a través de la prensa nacional, sobre el fallo del caso Letelier, políticas de Derechos Humanos, entre otros temas relacionados a la misma materia.