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Este folleto publicado en el mes de agosto, realizado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, comenta las principales noticias relacionadas a Derechos Humanos en Chile. En este contexto, se informa sobre el rechazo de la Corte de Apelaciones al recurso de protección presentado por Manuel Contreras, para impedir su traslado a Punta Peuco; la preocupación del gobierno de Chile por la mala imagen internacional que se está creando a razón de los juicios por el caso Letelier; la demanda al Estado de exonerados políticos durante la dictadura militar por violación a los Derechos Humanos; el trabajo del gobierno chileno en políticas de Derechos Humanos en un contexto de transición; la denuncia del abogado de los presos políticos chilenos en Brasil, sobre intervención política en aquellos casos penales; la petición de FASIC al pleno de la Corte Suprema para impedir la reinterpretación por parte de la Derecha de la Ley de Amnistía de 1978; el rechazo de Patricio Aylwin de la propuesta de reinterpretación de la Ley de Amnistía por parte de la Derecha; el rechazo por parte de la Corte Suprema a la petición de la justicia argentina en relación al caso Prats; la condena del tribunal civil de La Serena al fisco chileno a pagar a los hijos de Mario Fernández López, muerto por torturas en 1984; el silencio de la Corte Suprema sobre el proyecto de reinterpretación de la Ley de Amnistía, planteada por senadores de Derecha; la unanimidad de la Segunda Sala de la Corte Suprema en mantener firme la aplicación de la Ley de Amnistía en el proceso de 78 personas detenidas y desaparecidas, durante la época de la DINA; el intento del gobierno chileno, mediante un proyecto de Ley, de encausar los conflictos pendientes de Derechos Humanos, además la de acelerar los procesos de juicios sobre Detenidos Desaparecidos, la modificación de la Ley Orgánica de las FF.AA, como asimismo, cambiar algunas instituciones de la Constitución de 1980; la crítica de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos al gobierno y a Frei, por no escuchar las propuestas de la agrupación en materia de Derechos Humanos; los dichos de Pinochet por las propuestas de reforma en materia de Derechos Humanos planteado por el gobierno; los dichos y críticas del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Fernando Aristía, sobre las reformas del gobierno en materia de Derechos Humanos; la entrevista hecha por El Mercurio a Ricardo Rivadeneira, en la cual el militante de Renovación Nacional reflexiona sobre la violación de Derechos Humanos y su íntima relación con Estados Unidos y sus organismos represivos, tales como la CIA, Departamento de Estado y el Pentágono; la entrevista dada por el Presidente de la Corporación de Reconciliación, en la cual indica que en el contexto actual del país, es imposible hacer uso del "borrón y cuenta nueva" en relación a los crímenes cometidos durante la Dictadura, ya que se pierden los avances hechos en materia judicial, social y hasta políticos; el llamado del presidente Frei a la reconciliación social del país; la objeción de los abogados de FASIC al llamado del presidente Frei a la reconciliación; la visita del relator sobre tortura de la ONU, Nigel S. Rodley, a Chile, para examinar la situación del país; la relativa aprobación de la CUT al proyecto de reformas del gobierno en materia de Derechos Humanos, sin embargo, para la Central, esta no está completa, ya que no sanciona a responsables de torturas, ni de desapariciones de personas; las reflexiones del diputado DC, Gabriel Ascencio para que dentro de su partido exista la discusión sobre las reformas para resolver casos pendientes en materia de Derechos Humanos; Finalmente, se adjunta un anexo en la cual, por medio de una declaración pública, el equipo jurídico de FASIC se pronuncia en relación a la iniciativa legal que "fija normas para contribuir efectivamente al esclarecimiento de la verdad en torno al destino de los Detenidos Desaparecidos y otros casos sobre Derechos Humanos".

Este folleto publicado en julio, realizado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, comenta las principales noticias relacionadas en materia de Derechos Humanos en Chile. En este contexto, se habla sobre la condena de Manuel Contreras; la denuncia por negación de justicia de Carabineros al no entregar datos de su personal; la propuesta del presidente de la UDI de una ley para encontrar a los Detenidos Desaparecidos; la negativa del gobierno en impulsar propuestas sobre Derechos Humanos; la negativa de la Ministra de Justicia sobre la posibilidad de que Contreras cumpla condena en su domicilio; los avances judiciales sobre el caso Albania; la solicitud del senadore Arturo Frei de respetar la Ley de Amnistía de 1978 como única herramienta para superar las secuelas del golpe militar; la solicitud de antecedentes del tribunal argentino sobre el caso Prats; la propuesta del senador Arturo Frei sobre la apertura de una instancia canónica para recoger antecedentes sobre Detenidos Desaparecidos; la inclusión de Chile en el informe de Amnistía Internacional del año 1995; la orden de trasladar a Manuel Contreras al penal de Punta Peuco; los dichos del presidente de la Corte Suprema sobre la Ley de Amnistía de 1978; la designación de un ministro en visita para investigar las muertes ocurridas durante el caso Albania; la suspensión del traslado de Contreras a la cárcel, por parte de la Corte Suprema de Concepción; la denuncia de FASIC a ciertos parlamentarios que están presionando para que se cierren los casos judiciales abiertos en materia de Derechos Humanos; la querella del coronel de Carabineros, acusado por el caso Degollados, a tres altos oficiales que habrían prestado falso testimonio para incriminarlo en tales delitos; el rechazo del presidente Frei a la ley interpretativa de amnistía, ni mesas de diálogos, ya que cree que la Justicia hasta el momento ha realizado un trabajo óptimo; la crítica del Ministro del Interior a la derecha por el acoso de esta a las políticas del gobierno en materia de Derechos Humanos pendientes; la identificación del cuerpo del ex director de Investigaciones Eduardo Paredes, del patio 29 del Cementerio General; el proyecto de Ley ofrecido por la derecha para reinterpretar la Amnistía de 1978; la entrega de una lista de Detenidos Desaparecidos por el abogado Fidel Reyes, a la jueza del 3er Juzgado del Crimen de Santiago, esta lista, fue hecha por el ex Carabinero Miguel Estay Reyno "el Fanta", condenado por el homicidio del caso Degollados; la negativa del gobierno a apoyar el proyecto de Ley de Amnistía entregado por la derecha; los resultados de la encuesta CERC sobre la reconciliación en los chilenos; la postura del presidente Frei de que no habrá interpretación de la Ley de Amnistía; el acto de militares en Punta Peuco, y la visita de estos a los presos condenados por violación a Derechos Humanos; la preocupación del gobierno por este acto, por su naturaleza y por la cantidad de participantes; la crítica de FASIC al proyecto de ley interpretativa de la amnistía de 1978; y finalmente, la negativa del presidente peruano Alberto Fujimori a indultar a 4 presos chilenos en el Perú acusados de terrorismo. Por otra parte, se adjunta un anexo en donde se narra a través de la prensa nacional, sobre el fallo del caso Letelier, políticas de Derechos Humanos, entre otros temas relacionados a la misma materia.

Este folleto publicado en abril, realizado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, comenta las principales noticias relacionadas en materia de Derechos Humanos. En este contexto, se narra la conmemoración de los 10 años de los asesinatos de Parada, Guerrero y Nattino; la huelga de hambre de los reclusos de la cárcel de Alta Seguridad de Santiago por las reformas carcelarias; las solicitudes de los diputados Naranjo y Aguiló al ministro de Defensa para poner las medidas necesarias para el cumplimiento penal de los ex uniformados condenados; las declaraciones de María Angelica Prats, hija del general Prats, sobre las vicisitudes tras la muerte de su padre y los responsables de la misma; la investigación de la comisión de Derechos Humanos en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, por las denuncias de reos y familiares por las condiciones de vida; la preocupación de la Cámara de Diputados de España por el lento esclarecimiento -y proceso judicial- del asesinato de Carmelo Soria, asesinado en 1976 por la DINA; la eliminación de la Corte Suprema a las proposiciones de abogados integrantes de la Corte de Apelaciones de Santiago al doctor en Derecho Constitucional, Humberto Nogueira, redactor de los dos fallos que hicieron prevalecer los Tratados Internacionales por sobre la amnistía de 1978; la aprobación de la cámara de diputados del proyecto de ley que enseña sobre Derechos Humanos a niños de básica y media; la reapertura de la investigación de desaparecido, amnistiada por la ley de 1978, de Eduardo "Coco" Paredes Barrientos, desaparecido el 11 de septiembre de 1973; las denuncias de jóvenes de menores de 30 años a PDI y Carabineros por detenciones y abuso de poder; la denuncia del abogado de FASIC, Nelson Caucoto, al Estado de Chile a la OEA por la denegación de justicia por el secuestro y desaparecimiento de los hermanos Andrónico Antequera y Luis González Manríquez, hechos ocurridos en 1974, en los que participaron agentes de la DINA; la solicitud de la comisión de Derechos Humanos de Brasil para expulsar de Brasil a los prisioneros chilenos, acusados de secuestrar a un empresario brasilero; la reunión del cuerpo de generales del ejército por el fallo del caso Letelier; la recomendación de Gendarmería en no dar libertad a ex militares Conteras y Espinoza; el pronunciamiento en contra de la Concertación ante las eventuales presiones de militares para no encarcelar a Conteras y Espinoza; las declaraciones públicas del centro de ex generales por Contreras y Espinoza; la identificación de 12 cuerpos enterrados en el patio 29, enterrados en 1973 como N.N; la expectativa por parte de Estados Unidos a que se haga justicia por el caso Letelier; el comunicado de la comisión chilena de Derechos Humanos por el reconocimiento del general argentino Martín Baza de los crímenes del ejército en la dictadura argentina; y finalmente, las declaraciones del auditor de guerra, general Fernando Torres Silva, sobre Derechos Humanos y los casos de Conteras y Espinoza. Y a modo de anexo, se adjunta una página en la cual se hace una declaración pública de la FASIC, sobre las declaraciones del general argentino Martín Baza relacionadas a violencia política y desapariciones.

Notas de prensa referente a la Operación Albania y sus diligencias y otra noticia donde el abogado Nelsón Caucoto declara que valora que no se aplique la Ley de Amnistía en el caso de la desaparición de Carlos Contreras Maluje.

Noticia donde se explica el escepticismo hacia los militares y el dolor por la perdida y la desaparición de su padre de la abogada Pamela Pereira. Se entrega una breve reseña del caso de los campesinos de Paine con quienes fue detenido el padre de la abogada. En noticia aparte se muestran cuatro perspectivas respecto a la realización de la Mesa de diálogo por los derechos humanos, a través de las opiniones del arzobispo de Santiago Francisco Javier Errázuriz, los candidatos a la presidencia Ricardo Lagos, Gladys Marín y el Presidente de Renovación Nacional Alberto Cardemil.

Noticia donde se reflexiona acerca de lo que significa para las causas de violaciones a los derechos humanos la nueva interpretación que le dio la Corte Suprema a la Ley de Amnistía en el Caso Caravana de la Muerte. La Amnistía no aplicaría en los casos de detenidos desaparecidos por la figura de secuestro permanente, por lo que tampoco aplicaría la prescripción. Se dan los nombres de los jueces que componen la Corte Suprema y su mirada del derecho en la actualidad. Este fallo despierta incógnitas acerca de la posibilidad de que esto se replique en los casos penales de detenidos desaparecidos aún pendientes. En cuadro aparte se informa del interrogatorio realizado por el juez Juan Guzmán al obispo de Linares, Carlos Camus.

Este folleto publicado en marzo comenta las principales noticias acaecidas en dicho mes en relación a Derechos Humanos. En este contexto, se narra sobre la denuncia a funcionarios policiales por la muerte de Miguel Ángel Vallejos luego de sufrir lesiones por parte de los uniformados. Además, las declaraciones del presidente Aylwin por la pobreza y su daño moral en las sociedades; la publicación de un artículo escrito por el abogado Juan Milos Hurtado en relación a Derechos Humanos; la remoción de los carabineros involucrados en el asesinato de Miguel Ángel Vallejos, para ser entregados a la justicia; las declaraciones de la ex ministra de justicia Mónica Madariaga luego de que el presidente Frei indultara a un narcotraficante; la declaración de Pinochet por el desaparecimiento de Marcos Quiñones Lembach en 1975; el doble estándar respecto al decreto de ley de Amnistía; las declaraciones -y confesiones- de un oficial naval argentino sobre el asesinato de presos políticos luego de ser lanzados al mar vivos; los dichos de la abogado Verónica Reyna sobre la falta de democracia en Chile, producto de la falta de justicia; la relación de la DINA y una agrupación neofascista italiana para el asesinato de Leighton; la creación del "defensor penitenciario" con el fin de dar una calidad de vida más digna a los reos; la petición de Andrés Allamand para investigar a un ex funcionario de la CNI; la inauguración de un monumento en Puente Bulnes para el asesinado sacerdote español Juan Alsina; la presión de ONGs españolas para esclarecer el asesinato de Carmelo Soria por parte de la DINA en 1976; la realidad política entre Brasil y Chile a raíz de los presos chilenos en dicho país; la sepultación de 14 cuerpos de Detenidos Desaparecidos en el Cementerio General; la posible participación del gobierno de Chile en el caso Leighton llevado a cabo en Italia; las declaraciones del Ministro de Obras Públicas en relación al caso Letelier y su necesidad de saber la verdad de más casos para una Transición completa; las declaraciones del comandante de la FACH Ramon Vega en relación a los casos judiciales de violación a los Derechos Humanos; las declaraciones del presidente de la UDI sobre "las motivaciones" del "pronunciamiento" militar; las reflexiones de Raúl Rettig sobre los cuatro años desde el Informe sobre Derechos Humanos; la crítica del diputado Socialista Jaime Naranjo a el presidente Frei por sus ausentes políticas de Derechos Humanos; el juzgamiento en Italia de Manuel Contreras por el caso Leighton; los dichos del general Guillermo Marín por la formalización de Manuel Contreras; las declaraciones de Frei sobre su negativa postura a entregar personalidad jurídica a cualquier ente que haya estado vinculado a Colonia Dignidad; la reflexión de Aylwin sobre reformas pendientes en Chile para el perfeccionamiento democrático del país; la denuncia que se hizo contra el Estado chileno a la OEA por la desaparición de Alfonso Chanfreau en 1975; el reconocimiento por parte del Director Nacional de Gendarmería por el uso excesivo de la fuerza en el motín de la cárcel de Antofagasta; la firma de convenios por parte de la Región Metropolitana, Intendencia y entidades universitarias, para combatir la violencia intrafamiliar; la acusación del fiscal italiano Giovanni Salvi a la DINA como responsable del atentado a Leighton; la denuncia del abogado Héctor Salazar al Estado chileno por incumplimiento de las resoluciones al caso Quemados; la participación del gobierno chileno en los juicios por el caso Tucapel Jiménez; las denuncias de los familiares de Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, por el incumplimiento de sus asesinos de la prisión preventiva; y finalmente, las declaraciones del coronel en retiro de Carabineros Guillermo González Betancourt, condenado por el caso degollados, sobre la responsabilidad en el crimen del alto mando policial, entre ellos, el del general Stange.

Este folleto publicado en febrero comenta las principales noticias acaecidas en dicho mes en relación a Derechos Humanos. Así, en este contexto, se pueden encontrar en el folleto, noticias relacionadas a las declaraciones hechas por el general Eugenio Videla en relación al juicio de Manuel Contreras; el análisis norteamericano en el contradictorio proceso de reconciliación en Chile, todo esto, auspiciado por la Ley de Amnistía; la libertad del capitán Pedro Fernández Dittus por el caso "quemados"; la demanda del abogado de FASIC al Estado chileno a la OEA por "denegación de justicia" en casos de violaciones a los Derechos Humanos; las irónicas declaraciones del general en retiro Jorge Bellerino por las acusaciones de violaciones de Derechos Humanos por parte del ejército; la renuncia de Roberto Garretón a su puesto político en las oficinas de Naciones Unidas; la participación del Estado de Chile en los procesos judiciales llevados a cabo en Italia a Manuel Contreras y Raúl Iturriaga, por los atentados fallidos contra Bernardo Leighton y Anita Fresno en Roma el 6 de octubre de 1975; el hallazgo de osamentas en Pisagua (los cuales una vez periciados, se estimarán que no pertenecen a Detenidos Desaparecidos); la misión de un ex-DINA, Pablo Belmar, como representante de la comisión chilena técnico-militar en el conflicto peruano-ecuatoriano; y finalmente, la visita del presidente de Brasil a Chile y la conversación relacionada a los presos chilenos acusados de secuestro y su expulsión de Brasil.

Nota de prensa donde se hace referencia a la Ley de Amnistía y la posibilidad de considerar las desapariciones como un crimen de secuestro permanente por lo que serían imprescriptibles. Se muestran declaraciones de abogados de Derechos Humanos y defensores de los involucrados en estos delitos.

Este folleto publicado en el mes de octubre, realizado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, comenta las principales noticias relacionadas en materia de Derechos Humanos en Chile. En este contexto, se comenta sobre el anuncio de retiro del general de Carabineros Rodolfo Stange; la presión de parlamentarios chilenos al gobierno de Brasil para que conceda la expulsión a presos chilenos en dicho país; la propuesta legislativa de paz y reconciliación, entregada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; la aplicación de la amnistía al caso y proceso de investigación sobre el asesinato del dirigente del MIR Dagoberto Pérez, por parte agentes de la DINA; la denuncia por parte del diputado DC Gabriel Ascencio, sobre violencia policial y su uso desmedido de la fuerza; la huelga de hambre del brigadier Pedro Espinoza; el reconocimiento por parte del obispo de Talca, monseñor Carlos González, de tener información sobre lugares en que se encuentran los restos de algunos detenidos desaparecidos; las declaraciones de Patricio Aylwin que sostiene que en Chile no ha habido justicia en caso de Derechos Humanos; la encuesta de CERC sobre la realidad nacional en materia de Derechos Humanos; la definición por parte de la Corte Suprema, de la fecha de ingreso de Contreras a Punta Peuco; la solicitud del presidente Frei a no ascender a militares en el escalafón militar, si estos han estado comprometidos en violaciones a los Derechos Humanos; la propuesta legal para evitar la amnistía por parte de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; el cierre de la investigación del caso por detención y desaparición del militante del MIR Juan Carlos Perelman, y del militante socialista Juan Núñez Vargas; el ingreso de Contreras a Punta Peuco; el rechazo por parte del gobierno de la propuesta de la Derecha chilena en materia de Derechos Humanos; la fundamentación del juez de la Corte Suprema por la aplicación de amnistía a acusados por detenciones y desapariciones; el titular del New York Times en la que se señala que en Chile solo se conseguirá una justicia simbólica; otro sobreseimiento por parte de la Corte Suprema de un acusado responsable de detención y desaparición; la petición de los abogados de FASIC para acusar a los jueces de la Corte Suprema por las ya varias aplicaciones de amnistía a violadores de Derechos Humanos; la sentencia definitiva sobre el caso "Degollados"; finalmente, la revisión por parte de la justicia brasilera a las penas impuestas a los chilenos detenidos en dicho país. Por otro lado, se adjunta como anexo una declaración pública de FASIC, en la cual se comentan las vicisitudes de la justicia y las responsabilidades de los sobreseimientos.