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Entrevista a Pamela Pereira ex secretaria general del Partido Socialista, hija de un desaparecido y abogada de Derechos Humanos, habla al respecto de las remociones ilegales, de las Fuerzas Armadas y la Mesa de Dialogo. Reconoce que según las investigaciones existieron dos fechas de remociones, la primera luego del hallazgo en los hornos de Lonquén (1978) y posteriormente a fines de la década del 80 cuando la vuelta a la democracia era inminente. Las exhumaciones, según opinión de Pereira, deben estar en la propuesta del gobierno para que se sepa que pasó con las victimas y se agote por la vía judicial el tema de los desaparecidos.

Este folleto, de publicación mensual, en este caso, publicado en el mes de noviembre, realizado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, comenta las principales noticias relacionadas en materia de Derechos Humanos en Chile. En este contexto, se comenta sobre la destinación de ex funcionarios de la DINA para cargos diplomáticos; las reacciones de los dirigentes políticos ante las iniciativas en materia de Derechos Humanos; el acuerdo entre el gobierno y Renovación Nacional en materia de Derechos Humanos; la opinión de la abogado de FASIC, Pamela Pereira, sobre la propuesta de Derechos Humanos; las declaraciones del presidente Frei sobre las políticas de Derechos Humanos puestas en práctica en su gobierno; la identificación de osamentas de 36 personas, ejecutadas el 11 de septiembre de 1973 en la provincia del Loa, específicamente en Calama; las declaraciones del diputado Alberto Espina sobre las políticas relacionadas en materia de Derechos Humanos; las novedades judiciales sobre le caso Albania; la libertad bajo fianza del ex vocero del Frente Manuela Rodríguez Sergio Buschmann; el rechazo de FASIC a las propuestas del gobierno y Renovación Nacional en materia de Derechos Humanos; la negativa de las Fuerzas Armadas en entregar información sobre detenidos desaparecidos; las declaraciones del PPD sobre las políticas relacionadas a Derechos Humanos en Chile; la condena en Perú a la antropóloga chilena Sybila Arredondo acusada de terrorismo; el ingreso a Punta Peuco de ex militares condenados por violación a los Derechos Humanos; la petición de la Comisión de Derechos Humanos a la Cancillería para verificar la compatibilidad de la propuesta "Figueroa-Otero" en materia de detenidos desaparecidos; la opinión de el senador de Renovación Nacional Bruno Siebert sobre la propuesta Figueroa-Otero; el rechazo de la juventud Demócrata Cristiana a la propuesta en materia de Derechos Humanos propuesta por el Gobierno y la Renovación Nacional; el rechazo en Ecuador por parte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, de un agregado militar chileno por su presunta vinculación al régimen de Pinochet; los 14 casos de desaparecidos que fueron amnistiados por la Sala Penal de la Corte Suprema; la petición de Amnistía Internacional a la justicia chilena de no terminar los procesos de violaciones da Derechos Humanos; y finalmente, la condena del subteniente de Carabineros Fernando Valdés Cid, por el delito de asesinato de Nelson Carrasco Bascuñán. Además, a modo de anexo, se adjunta una declaración pública del Equipo Jurídico de FASIC, sobre el problema pendiente a Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos cuyos restos no han sido ubicados.

Este folleto publicado en enero comenta las principales noticias relacionadas en materia de Derechos Humanos acaecidas en dicho mes. En este sentido, se narra la realidad de los presos chilenos en Brasil por el secuestro del empresario Abilio Diniz; los sobreseimientos de procesos por detenidos desaparecidos y su traspaso a la Justicia Militar; la construcción de una cárcel exclusiva para militares acusados por crímenes de Derechos Humanos; el intento de modificar el privilegiado código de justicia militar; el interés por parte del nuevo embajador de Estados Unidos en Chile para que se haga justicia en el caso Letelier; los problemas políticos del gobierno frente a esta nueva cárcel de militares; detalles y argumentos por la nueva cárcel de militares; la entrega del balance anual (1994) en materia de derechos humanos por partes de abogados de FASIC; un informe del ejército sobre la cárcel de militares; la aprobación del Congreso de esta nueva cárcel; la opinión desfavorable de FASIC por esta cárcel de militares; resultados de una encuesta sobre drogadicción en Chile; los dichos de Piñera sobre los juicios a militares y el pacto de reconciliación; la cuestionada acción policial en el caso "La Colchona"; el caso Soria; una protesta realizada por familiares de detenidos desaparecidos frente al proyecto de la nueva cárcel militar; novedades judiciales en la Corte Suprema por el caso Letelier; el fallo de la Corte Suprema para congelar los traslados de imputados militares a cárceles públicas; y finalmente, las arbitrariedades judiciales en la Corte Marcial. Y a modo de anexo, se adjuntan comunicados y declaraciones públicas de la FASIC en denuncia por los procesos militares exclusivos de las Cortes Marciales, y la justicia militar, los que crean privilegios al momento de condenar a responsables por crímenes de derechos humanos.

La noticia principal habla sobre las incoherencias en los datos proporcionados por las Fuerzas Armadas respecto a dos detenidos desaparecidos, cuestionando la legitimidad de la información dada en la Mesa de Dialogo por esa entidad. Esto deja en evidencia la necesidad de construir otra figura que investigue la información entregada a la Mesa de Diálogo lo que ya se había solicitado y existía un acuerdo previo. En un cuadro inferior, se muestra un informe sobre las recientes víctimas de malos tratos y/o torturas producidas durante los años 1999 y 2000 por parte de Carabineros, lo que tuvo un nulo reconocimiento por parte de las autoridades chilenas. Por ultimo, en la esquina inferior derecha, se habla sobre el vínculo del fiscal Raúl Rocha con los abogados defensores de Augusto Pinochet en el caso judicial de la Caravana de la Muerte.