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Tres hojas de un reportaje incompleto que se refiere a las remociones ilegales ocurridas durante la dictadura cívico-militar que formaron parte de las prácticas para encubrir sus crímenes. Se da cuenta en la nota de la condena a cinco ex militares por estas causas, lo que preocupa al Ejército porque desde la institución se esperaba que se acelerarán los procesos y se terminara con la figura del secuestro permanente para poder superar estos temas. Se destaca la preocupación de los militares de que proliferen estas causas y se sume, además, el delito de asociación ilícita, que fue el tema que le plantearon a la ministra de defensa Michelle Bachelet. El articulo entrega una reseña de los hallazgos de osamentas en sitios como Lonquén o el Patio 29, lo que promovió la búsqueda en otros lugares, en la mayoría de los sitios donde se realizó una búsqueda constataron que los cuerpos ya no estaban, habían sido removidos. Se habla de los datos entregados a la Mesa de Dialogo por parte de las Fuerzas Armadas al respecto de las remociones, lo que, según el artículo, no fue la información que ellos realmente poseían, ya que desde el descubrimiento en Lonquén se realizaron catastros de los lugares donde existían entierros ilegales. En cuadro aparate se muestra la respuesta del general en retiro Hernán Núñez a Maximiano Errázuriz diputado RN que solicito una comisión investigadora por las exhumaciones.

Este folleto publicado en mayo, realizado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, comenta las principales noticias relacionadas a Derechos Humanos en Chile. Así, en este contexto, se narra la identificación de 84 personas de 125 cadáveres exhumados del Patio 29, todos sepultados como N.N. durante la dictadura militar; los comentarios del diario Estrategia sobre los dichos del general argentino Balza al reconocer los crímenes y violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura argentina; la solicitud de la justicia italiana de la comparecencia de 33 chilenos para atestiguar en el caso Leighton; la negación de libertad por parte de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago, al ex agente de la CNI Carlos Herrera Jiménez; el compromiso del gobierno chileno en los juicios en Italia por el caso Leighton; la denuncia de los abogados de FASIC al proyecto que pone punto final a los procesos por violaciones a los Derechos Humanos; el veto del presidencial a la ley de punto final; la solicitud por parte de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos al gobierno chileno para que este pida a su par argentino información de 49 chilenos desaparecidos en el país trasandino; las declaraciones de la comisión andina sobre Chile y su débil democracia producto de la carencia de castigos penales a los responsables por violaciones a los Derechos Humanos; las expectativas de la Conferencia Episcopal para que se haga justicia a razón del caso Letelier; la presentación de un proyecto de ley que prohíba la pena de muerte; la petición del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile a la Cancillería argentina, antecedentes sobre 49 chilenos desaparecidos durante la "guerra sucia", todo esto, a raíz de la disposición de las Fuerzas Armadas argentinas a dar información; los dichos del auditor del ejército por el fallo en el caso Letelier; las confesiones de Osvaldo Romo, ex agente de la DINA, sobre torturas; la disposición de cumplir la pena del procesado general Espinoza ante el fallo del caso Letelier; la disposición del ejército a acatar el fallo del caso Letelier; la declaración del ex agente de la DINA, Michael Townley, por el caso Leighton; la renuncia del abogado de Osvaldo Romo luego de conocer las confesiones de este por casos de torturas y desapariciones; los procesamientos de dos ex agentes de la DINA, Guillermo Salinas Torres y José Remigio Ríos San Martín, por el asesinato de Carmelo Soria; las reacciones de la izquierda y de organismos de Derechos Humanos por el caso Letelier; las declaraciones del hijo de Manuel Contreras con respecto a la posible detención de su padre; y finalmente, algunas expectativas de la inminente sentencia del caso Letelier en el proceso de transición política. Además, como anexo, se adjunta las reacciones por la sentencia del caso Letelier. Estas son las declaraciones del presidente Frei a acatar los fallos judiciales; las declaraciones de Manuel Contreras de no ir a la cárcel; la conformidad de sectores judiciales y políticos sobre el fallo; la disposición del abogado de Contreras a acatar el fallo judicial; la complacencia del gobierno de Estados Unidos ante el fallo por el caso Letelier; y las contrariedades del ejército ante el fallo, y la satisfacción de FASIC al romperse una lógica de impunidad.