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Este folleto publicado en febrero comenta las principales noticias acaecidas en dicho mes en relación a Derechos Humanos. Así, en este contexto, se pueden encontrar en el folleto, noticias relacionadas a las declaraciones hechas por el general Eugenio Videla en relación al juicio de Manuel Contreras; el análisis norteamericano en el contradictorio proceso de reconciliación en Chile, todo esto, auspiciado por la Ley de Amnistía; la libertad del capitán Pedro Fernández Dittus por el caso "quemados"; la demanda del abogado de FASIC al Estado chileno a la OEA por "denegación de justicia" en casos de violaciones a los Derechos Humanos; las irónicas declaraciones del general en retiro Jorge Bellerino por las acusaciones de violaciones de Derechos Humanos por parte del ejército; la renuncia de Roberto Garretón a su puesto político en las oficinas de Naciones Unidas; la participación del Estado de Chile en los procesos judiciales llevados a cabo en Italia a Manuel Contreras y Raúl Iturriaga, por los atentados fallidos contra Bernardo Leighton y Anita Fresno en Roma el 6 de octubre de 1975; el hallazgo de osamentas en Pisagua (los cuales una vez periciados, se estimarán que no pertenecen a Detenidos Desaparecidos); la misión de un ex-DINA, Pablo Belmar, como representante de la comisión chilena técnico-militar en el conflicto peruano-ecuatoriano; y finalmente, la visita del presidente de Brasil a Chile y la conversación relacionada a los presos chilenos acusados de secuestro y su expulsión de Brasil.

La noticia principal habla sobre las incoherencias en los datos proporcionados por las Fuerzas Armadas respecto a dos detenidos desaparecidos, cuestionando la legitimidad de la información dada en la Mesa de Dialogo por esa entidad. Esto deja en evidencia la necesidad de construir otra figura que investigue la información entregada a la Mesa de Diálogo lo que ya se había solicitado y existía un acuerdo previo. En un cuadro inferior, se muestra un informe sobre las recientes víctimas de malos tratos y/o torturas producidas durante los años 1999 y 2000 por parte de Carabineros, lo que tuvo un nulo reconocimiento por parte de las autoridades chilenas. Por ultimo, en la esquina inferior derecha, se habla sobre el vínculo del fiscal Raúl Rocha con los abogados defensores de Augusto Pinochet en el caso judicial de la Caravana de la Muerte.