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Reportaje que trata acerca del juicio, aún abierto, del dictador Augusto Pinochet en Londres, las pruebas presentadas en esta instancia no dejan lugar a dudas para la opinión de la comunidad internacional la responsabilidad de Pinochet en la represión y las torturas ejercidas durante la dictadura chilena, se le considera autor intelectual de crímenes contra la humanidad. Se informa que han pasado 12 audiencias donde se han mostrado pruebas contundentes de su culpabilidad y que según lo que muestra el gobierno chileno no tiene interés en juzgarlo en el país. El reportaje hace una reflexión acerca de la estrategia de la derecha chilena, critica la posición del Partido Socialista y se explican la las leyes de extradición que rigen Inglaterra, España y en la Unión Europea. Se hace un análisis, además, de las posibles decisiones que tomarían los lores en esta causa. También, se muestra un resumen del auto de procesamiento dictado por el juez Baltazar Garzón donde relata el plan criminal que realizó Pinochet, dando luego los nombres de algunos de los cómplices civiles de la dictadura, se muestran las querellas que están actualmente interpuestas contra Pinochet en Chile. En cuadro aparte Guillermo Tellier cuenta su experiencia de detención.

Este folleto publicado en abril, realizado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, comenta las principales noticias relacionadas en materia de Derechos Humanos. En este contexto, se narra la conmemoración de los 10 años de los asesinatos de Parada, Guerrero y Nattino; la huelga de hambre de los reclusos de la cárcel de Alta Seguridad de Santiago por las reformas carcelarias; las solicitudes de los diputados Naranjo y Aguiló al ministro de Defensa para poner las medidas necesarias para el cumplimiento penal de los ex uniformados condenados; las declaraciones de María Angelica Prats, hija del general Prats, sobre las vicisitudes tras la muerte de su padre y los responsables de la misma; la investigación de la comisión de Derechos Humanos en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, por las denuncias de reos y familiares por las condiciones de vida; la preocupación de la Cámara de Diputados de España por el lento esclarecimiento -y proceso judicial- del asesinato de Carmelo Soria, asesinado en 1976 por la DINA; la eliminación de la Corte Suprema a las proposiciones de abogados integrantes de la Corte de Apelaciones de Santiago al doctor en Derecho Constitucional, Humberto Nogueira, redactor de los dos fallos que hicieron prevalecer los Tratados Internacionales por sobre la amnistía de 1978; la aprobación de la cámara de diputados del proyecto de ley que enseña sobre Derechos Humanos a niños de básica y media; la reapertura de la investigación de desaparecido, amnistiada por la ley de 1978, de Eduardo "Coco" Paredes Barrientos, desaparecido el 11 de septiembre de 1973; las denuncias de jóvenes de menores de 30 años a PDI y Carabineros por detenciones y abuso de poder; la denuncia del abogado de FASIC, Nelson Caucoto, al Estado de Chile a la OEA por la denegación de justicia por el secuestro y desaparecimiento de los hermanos Andrónico Antequera y Luis González Manríquez, hechos ocurridos en 1974, en los que participaron agentes de la DINA; la solicitud de la comisión de Derechos Humanos de Brasil para expulsar de Brasil a los prisioneros chilenos, acusados de secuestrar a un empresario brasilero; la reunión del cuerpo de generales del ejército por el fallo del caso Letelier; la recomendación de Gendarmería en no dar libertad a ex militares Conteras y Espinoza; el pronunciamiento en contra de la Concertación ante las eventuales presiones de militares para no encarcelar a Conteras y Espinoza; las declaraciones públicas del centro de ex generales por Contreras y Espinoza; la identificación de 12 cuerpos enterrados en el patio 29, enterrados en 1973 como N.N; la expectativa por parte de Estados Unidos a que se haga justicia por el caso Letelier; el comunicado de la comisión chilena de Derechos Humanos por el reconocimiento del general argentino Martín Baza de los crímenes del ejército en la dictadura argentina; y finalmente, las declaraciones del auditor de guerra, general Fernando Torres Silva, sobre Derechos Humanos y los casos de Conteras y Espinoza. Y a modo de anexo, se adjunta una página en la cual se hace una declaración pública de la FASIC, sobre las declaraciones del general argentino Martín Baza relacionadas a violencia política y desapariciones.

Noticia donde se describe como fue escrito el comunicado realizado por ocho ex vicecomandantes del Ejército, donde se refieren a las exhumaciones ilegales y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura. Además, se describe la participación de Juan Emilio Cheyre en esta declaración donde se expresa un fuerte respaldo a su conducción. En cuadro aparte se relata la decisión de Julio Canessa de restarse como firmante de este comunicado. En hoja aparte se da una breve descripción de los ocho ex militares en retiro firmantes.

Entrevista al ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva quien se refiere a las declaraciones de los ex tenientes que, según él, no hicieron un "mea culpa" sino que hablaron acerca de las exhumaciones, que no es el proceder de los militares, por lo que es más bien una declaración de principios. También se pronuncia al respecto de la responsabilidad de Pinochet y las de los vicecomandantes, a la aplicación de la Ley de Amnistía, la preocupación del Ejército ante los procesos que se están llevando a cabo para hacer justicia por las violaciones a los derechos humanos en dictadura. Indica, además, que nunca tuvo conocimiento de detenidos desaparecidos ni de exhumaciones de restos y que la justicia militar es competente para conocer e investigar esos delitos por lo que discrepa con el juez Carlos Cerda quien indico que los tribunales militares no tienen ni la ética ni la moral para hacerse cargo de esos procesos. En última hoja habla de su experiencia con monseñor Sergio Valech.