Noticia donde el Ministro del Interior del gobierno de Ricardo Lagos, José Miguel Insulza, defiende la Mesa de Diálogo y manifiesta que esta instancia logró entregar a los familiares de detenidos desaparecidos un soporte para seguir en la búsqueda de los restos de sus seres queridos y dejar establecido el reconocimiento de los hechos ocurridos durante la dictadura militar. Además. se refiere a la veracidad de la información recibida, los recursos del Poder judicial y sobre el proyecto de ley que sancione a quienes entreguen información falsa.

Nota de prensa que informa que los familiares de detenidos desaparecidos, que fueron lanzados al fondo de una mina en Cuesta Barriga, hacen un llamado a quienes tienen información de la situación para que la entreguen. También instan a que no se cese la búsqueda de los cuerpos. En un cuadro aparte, se menciona que los casos pendientes de derechos humanos que sean informados a la Corte Suprema servirán para realizar un catastro de víctimas y se pueda saber cuántos jueces con designación especial solicitar.

Noticia donde se mencionan los plazos para la entrega de información referente a la búsqueda de detenidos desaparecidos y la posible prórroga de seis meses más para esta tarea. Se informa sobre los datos recopilados por la masonería y las iglesias católica, metodista, judía y evangélica en materia de Derechos Humanos, los cuales fueron entregados al presidente Lagos. Por otro lado, se notifica la baja expectativa del resultado de la recopilación documental. En una nota al pie de la página, se muestra una breve entrevista realizada a la psicóloga y miembro de la Mesa de Diálogo, Elizabeth Lira. Ella habla acerca de los resultados que podrían obtenerse con la entrega de los documentos recopilatorios en materia de Derechos Humanos, además de señalar la carencia de datos sobre los crímenes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Asimismo, la psicóloga menciona que la información aportada podría ser escasa, y que los resultados deberán ser analizados conjuntamente con un juez para dictaminar las sentencias correspondientes.

Noticia donde se entrevista al sacerdote Jesús Herreros, quien se refiere a las osamentas encontradas hace 16 años, las cuales él resguardó, en Cuesta Barriga y la posterior entrega de esta información a la Vicaría de la Solidaridad. Sin embargo, luego de la entrega de los restos, se desconoce el paradero de los mismos.

Entrevista al Obispo Sergio Valech, quien se refiere a que en Chile, dada la recopilación de información y datos sobre casos de detenidos y desaparecidos para la Mesa de Diálogo, existe más verdad en materia de violaciones a los derechos humanos que antes. Aunque no descarta la posibilidad de encontrar más información, el Obispo indica que, probablemente, dados los casos de Cuesta Barriga y Colina, se puedan encontrar nuevos cuerpos que a la postre no han sido expresados en los informes dados por las Fuerzas Armadas. Asimismo, Valech confía en la justicia y en el importante aporte de la Iglesia Católica chilena al proceso de verdad.

Noticia donde se entrevista a monseñor Francisco Javier Errázuriz, quien se refiere a las condiciones favorables que podrían darse en el futuro para la entrega de información sobre el paradero de detenidos desaparecidos. El Arzobispo destaca la buena disposición de las Fuerzas Armadas e indica que, en el futuro, podría darse un momento de serenidad en el país que facilitaría la entrega de nuevos antecedentes. Además, Errázuriz se refiere a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a la veracidad de la información entregada en la Mesa de Diálogo, al rol de la iglesia, entre otros temas.

Noticia que destaca el llamado realizado por el Episcopado para esclarecer información sobre el paradero de detenidos desaparecidos, así como para no ocultar información. Por otro lado, se notifica la llegada del ministro Héctor Carreño a Cuesta Barriga para inspeccionar y dirigir el trabajo de la PDI y del Servicio Médico Legal en una fosa donde se han hallado restos.

Nota de prensa que señala el hallazgo de osamentas en la Cuesta Barriga, ocurrido en el año 1985, que podrían ser de los seis dirigentes comunistas asesinados en 1976. Se indica que las osamentas fueron entregadas en ese momento a la Vicaría de la Solidaridad, pero que antes habrían sido resguardadas en primera instancia por un sacerdote de nombre Jesús Herreros durante muchos años, quien fue el que posteriormente entregó las osamentas a la Vicaría. Sin embargo, la Vicaría desconoce que se les hayan entregado, aunque no lo descartan de plano. Se informa que en el lugar se llevó a cabo una inspección del Servicio Médico Legal y del Sernageomin para esclarecer el caso de Cuesta Barriga y dilucidar si éstas osamentas podrían ser de otros detenidos desaparecidos.

Documento que consta de cuatro notas breves referentes a la ubicación de los cuerpos de Detenidos Desaparecidos. El primer cuadro informa que Mónica Madariaga, ex ministra de Justicia del régimen militar, tenía conocimiento del lanzamiento de cuerpos al mar en el año 85. En otro cuadro, se menciona que Carabineros está realizando esfuerzos adicionales para complementar la información entregada acerca del paraderos de los detenidos desaparecidos, después de que la abogada de derechos humanos Pamela Pereira acusara a la institución de ocultar información vital para su búsqueda. En un cuadro en el centro de la página, se informa que el ministro Héctor Carreño visitó la Cuesta Barriga junto a peritos del Servicio Médico Legal para supervisar las primeras excavaciones realizadas en busca de los restos de dirigentes del Partido Comunista, quienes, según informes de las Fuerzas Armadas, se encuentran enterrados en ese sector. Finalmente, se informa que la Iglesia Católica, mediante el Comité Permanente del Episcopado, emitió una declaración publica en la que se insta a entregar información sobre los cuerpos de los Detenidos Desaparecidos, esto a raíz de darse a conocer el contenido del informe publicado sobre dicho tema.

Noticia que informa de una nueva querella presentada por el abogado Eduardo Contreras en contra del dictador Augusto Pinochet y del ex coronel del Ejército, Guillermo Toro Dávila, quienes son asociados al homicidio del ex alcalde socialista, Ricardo Lagos Reyes y de su familia. En un cuadro bajo la página, se menciona la reanudación de la búsqueda de cuerpos de detenidos desaparecidos en ex oficinas salitreras en Iquique y en Alto Pisagua. Finalmente, se informa de la casación presentada por los abogados Hiram Villagra y Alberto Espinoza por el Caso Conferencia, en donde el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras, fue sobreseído del caso. Según los mismos abogados, este hecho fue una "mala aplicación de la institución de la cosa juzgada", ya que se omitieron diligencias importantes para la causa.

La noticia principal trata acerca de la expectación que produce el fallo que confirmará o rechazará el procesamiento dictado en contra Augusto Pinochet por el juez Juan Guzmán Tapia por asociación ilícita, recurso presentado por la diputada Laura Soto y el abogado Hiram Villagra por sus vínculos y responsabilidad con la ex Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la ex Central Nacional de Informaciones (CNI). Como caso aparte, en la orilla izquierda del documento, se habla sobre las últimas diligencias realizadas por el ministro Jaime Rodríguez, quien, producto de asumir el cargo de presidente de la Corte de Apelaciones, no podrá continuar con el caso Gabrielli, donde se acusa a Hernán Gabrielli de maltratos a Eugenio Ruiz-Tagle en 1973. Finalmente, en la parte inferior de la plana, se informa que se han encontrado más restos óseos humanos en una mina de cobre abandonada en Cuesta Barriga, posiblemente se traten de dirigentes del Partico Comunista según las Fuerzas Armadas.

Esta noticia habla sobre la acusación y las querellas presentadas contra el general Gabrielli Rojas por los delitos de torturas y asociación ilícita. Dicho recurso fue presentado por los abogados de derechos humanos Carmen Hertz y Eduardo Contreras. En la parte inferior de la plana, se informa de los trabajos que se están realizando en diversos lugares de Chile la búsqueda y desentierro de cuerpos de detenidos desaparecidos, sus avances y próximos objetivos. Entre estos se cuenta la reactivación de las labores en Iquique, y los futuros trabajos de que se realizarán en la Cuesta Barriga y en Pudahuel.

Noticia que informa que, debido a los cuestionamientos hacia el Servicio Médico Legal sobre irregularidades en la identificación de cuerpos de detenidos desaparecidos, el servicio creará una unidad especial para la identificación de detenidos desaparecidos. Por lo tanto, el servicio se someterá a una reestructuración en la que se incorporará nuevos equipos y procedimientos para el reconocimiento de cuerpos.

Entrevista a Roberto Garretón, abogado de Derechos Humanos, en esta se da una breve reseña de los cargos que ha tenido a lo largo de su carrera y su experiencia en el tema de derechos humanos. En esta entrevista hace referencia a la conmemoración de los 30 años del Golpe de Estado y a la división existente dentro de la sociedad chilena. Plantea su mirada acerca de la transición y su política de reconciliación, de la detención de Pinochet en Londres y la propuesta de la UDI. En otro apartado de la entrevista se refiere a las remociones ilegales, a la Mesa de Dialogo y al hallazgo de Lonquén. Da su opinión también acerca de cómo se debe llegar a hacer justicia en estos casos, opina de la tortura y de la responsabilidad de los que estuvieron involucrados, de los cómplices civiles que sabían lo que estaba pasando en Chile durante esa época.

Tres hojas de un reportaje incompleto que se refiere a las remociones ilegales ocurridas durante la dictadura cívico-militar que formaron parte de las prácticas para encubrir sus crímenes. Se da cuenta en la nota de la condena a cinco ex militares por estas causas, lo que preocupa al Ejército porque desde la institución se esperaba que se acelerarán los procesos y se terminara con la figura del secuestro permanente para poder superar estos temas. Se destaca la preocupación de los militares de que proliferen estas causas y se sume, además, el delito de asociación ilícita, que fue el tema que le plantearon a la ministra de defensa Michelle Bachelet. El articulo entrega una reseña de los hallazgos de osamentas en sitios como Lonquén o el Patio 29, lo que promovió la búsqueda en otros lugares, en la mayoría de los sitios donde se realizó una búsqueda constataron que los cuerpos ya no estaban, habían sido removidos. Se habla de los datos entregados a la Mesa de Dialogo por parte de las Fuerzas Armadas al respecto de las remociones, lo que, según el artículo, no fue la información que ellos realmente poseían, ya que desde el descubrimiento en Lonquén se realizaron catastros de los lugares donde existían entierros ilegales. En cuadro aparate se muestra la respuesta del general en retiro Hernán Núñez a Maximiano Errázuriz diputado RN que solicito una comisión investigadora por las exhumaciones.

Reportaje que narra la experiencia vivida por Enrique Venegas Santibáñez, quien fue detenido de forma ilegal por carabineros de la Tenencia de Curacaví, fue golpeado y torturado. En esa misma oportunidad estuvo junto a otros cinco hombres en una fila de fusilamiento y logró sobrevivir. También sobrevivió a esta ejecución Víctor Barrera con quien escapó Enrique, ellos tuvieron ayuda de pobladores para sanar sus heridas de bala que ambos sufrieron en las piernas. Finalmente ambos logran volver a Curacaví pero a diferencia de Enrique a Víctor Barrera lo vuelven a detener y se encuentra hasta hoy en calidad de detenido desaparecido.

Nota de prensa que se refiere a lo realizado en materia de reconocimiento de identidades de detenidos desaparecidos y de las remociones de restos durante el año 2001. Se informa de los jueces que están designados a estas causas y de las cinco personas identificadas quienes son ejecutados políticos de la "Caravana de la muerte", se nombra además a los militares y civiles procesados por estas causas.

Noticia referente a la opinión de Jorge Rodríguez, Director del Servicio Médico Legal, quien informa de la dificultad de establecer la identidad de todos los restos de detenidos desaparecidos. Se entrega el número de restos identificados, y los casos sin resolver por ser restos muy reducidos y no tener la capacidad tecnológica para resolverlos. Se informa que se trabaja en la identificación de osamentas encontradas en el Patio 29, Peldehue, Pisagua, etc.

Noticia donde se muestran los resultados de la información recabada en la Mesa de Dialogo, las pesquisas llevadas a cabo para encontrar restos de detenidos desaparecidos y los hallazgos encontrados. Una de las principales conclusiones del proceso es que la mayor parte de los restos de detenidos desaparecidos fueron removidos en la década de los 80 y que 113 de ellos fueron lanzados al mar. En cuadro aparte habla Nelson Caucoto de las querellas por violaciones a los derechos humanos contenidos en el informe de la Mesa de Dialogo.

Reportaje referente a la perdida de un expediente del caso Cuesta Barriga que corresponde a un oficio con la copia de parte del expediente. Esta parte contenía la investigación de inhumaciones ilegales y fue extraviado en la Corte de Apelaciones de Santiago. En cuadro aparte la misma noticia informada por el diario La Tercera el día 26 de enero del año 2002.

Reportaje que habla de la forma en que se exterminaba y desaparecían detractores de la dictadura militar. En la nota aparece un extracto de la entrevista realizada a Odlanier Mena ex director de la Central Nacional de Informaciones entre los años 1978 y 1980. Se destaca como con el descubrimiento de los cuerpos en la localidad de Lonquén se decide realizar, por parte de los organismos de seguridad de la dictadura militar, el retiro de cuerpos de desaparecidos en todo el país para encubrir evidencias de los asesinatos.

Nota de prensa donde se muestra la preocupación de las FF.AA por los nuevos procesos abiertos por el delito de exhumaciones ilegales, ya que según ellos, abrirían nuevos cauces de investigación, que retardarían la finalización de las causas. Se plantea la figura del secuestro y la desaparición forzada. En cuadro aparte se habla de la propuesta oficial en materia de derechos humanos del gobierno de Ricardo Lagos.

Entrevista al fiscal Mario Carroza en la que se refiere al caso Cuesta Barriga, en este lugar existieron desentierros de restos, se refiere además a quienes pudieron estar implicados en esta práctica y la falta de testigos en este caso. En nota aparte el Juez Urrutia explica que no hay contradicción entre secuestro y la exhumación ilegal en el procesamiento de los uniformados implicados en ambos casos.

Noticia referente a la Mesa de Dialogo que funcionó entre los años 1999 y 2000 y donde fue abordado el tema de las exhumaciones de restos de detenidos desaparecidos. El representante del Ejercito señalo lo difícil que era tener información al respecto ya que no había nada oficial, ni documentos, ni listados. De lo que si existía información era el destino final de los cuerpos. En cuadro aparte se habla de la utilidad de la propuesta del historiador Gonzalo Vial para que no se les acuse de delitos a quienes entreguen información. Además, Nelson Caucoto habla de que hay evidencia de un mandato institucional en la practica de las remociones de restos.